El comité de personal de la Diputación intentará lograr que se reduzca el número de afectados por el expediente de despido colectivo (EDC) que planteó la institución provincial. Así lo indicó Pedro Barreiros, portavoz de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la institución.
Representantes de los trabajadores y de la Diputación -en este caso, Francisco Cacharro, secretario general; José Luis Suárez, jefe de Personal, y Argimiro Marnotes, diputado del PP- mantuvieron ayer la primera reunión de la mesa de negociación, en la que se estableció el calendario, que prevé encuentros cada martes. Además, el comité recibió el informe económico en el que la institución justifica su medida y donde alega como causa principal la reducción en las aportaciones que recibía del Estado y la Unión Europea.
En todo caso, Barreiros señalaba que 'a nosa liña vai ser salvar o máximo posible de traballadores, e estamos mirando as posibilidades que hai'. No obstante, indicaba que el decreto que rige las regulaciones laborales en las administraciones públicas no contempla bajas temporales o reducción de jornada, a diferencia del sector privado, por lo que la única opción es el despido. Proponen, por ello, distribuir el personal en otros servicios que están siendo reforzados por parte de la institución, como la atención a los concellos. También plantearán un aumento de la indemnización, ya que la mínima está establecida en 20 días por año.
El portavoz sindical lamentaba también el escaso periodo que existe para negociar (un mes) y que la Diputación no les hubiese informado antes de que iba a presentar esta medida, ya que podrían haber realizado negociaciones previas. También consideraba preocupante que las administraciones opten por este tipo de medidas y teme este caso que pueda tener un 'efecto chamada'.
En todo caso, Barreiros señalaba que 'a nosa liña vai ser salvar o máximo posible de traballadores, e estamos mirando as posibilidades que hai'. No obstante, indicaba que el decreto que rige las regulaciones laborales en las administraciones públicas no contempla bajas temporales o reducción de jornada, a diferencia del sector privado, por lo que la única opción es el despido. Proponen, por ello, distribuir el personal en otros servicios que están siendo reforzados por parte de la institución, como la atención a los concellos. También plantearán un aumento de la indemnización, ya que la mínima está establecida en 20 días por año.
El portavoz sindical lamentaba también el escaso periodo que existe para negociar (un mes) y que la Diputación no les hubiese informado antes de que iba a presentar esta medida, ya que podrían haber realizado negociaciones previas. También consideraba preocupante que las administraciones opten por este tipo de medidas y teme este caso que pueda tener un 'efecto chamada'.
