La tramitación de la integración del AVE en la ciudad se prolongará durante dos años, antes de que puedan comenzar las obras en A Ponte u O Vinteún; los trabajos no comenzarían, pues, antes de 2013, dos años después de finalizado el trazado de Ourense a Santiago-A Coruña, que ya estará funcionando aunque sin estación en la ciudad de As Burgas. Hacia Lubián y Madrid, no habrá problema porque los trámites y la complejidad de las obras tampoco permitirán finalizar el trazado en ese período.
Esos son los tiempos que el gobierno municipal maneja tras haber sacado a la luz pública su plan de integración ferroviaria, consensuado ya con el Ministerio de Fomento pero todavía no con la Xunta. Y serán así, dice la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, porque además de lograr un acuerdo político entre administraciones -arduo en este período prelectoral-, será preciso abordar complejas modificaciones urbanísticas sobre el Plan xeral de ordenación de 2003, actualmente vigente aunque pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, que no contemplaba la integración de esta infraestructura a pesar de que ya estaba definida la estación de Ourense como la de entrada de la alta velocidad a Galicia.
Incluso puede darse el caso de que el Alto Tribunal anule definitivamente el actual planeamiento -pesan sobre él hasta nueve sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que lo suspenden en su totalidad-, lo que obligaría a efectuar las modificaciones urbanísticas sobre el que entraría entonces en vigor, el de 1987, lo que complicaría aún más la tramitación. El Concello ha encargado la redacción de un nuevo PXOM que contemplará la integración pero aún no está aprobado.
Así la cuestión, la concejala socialista urge un acuerdo con la Xunta para que pueda firmarse el convenio a que obliga la Ley del Suelo, que para este tipo de infraestructuras exige la concurrencia de la administración titular del bien (Fomento, porque las acciones se ejecutarán en algo más de 300.000 metros cuadrados que ya son suyos), la consellería competente en materia de urbanismo y el ayuntamiento. Además, el gobierno local pretende una implicación de la Xunta no sólo a ese nivel, sino para que asuma 15 millones de gasto en la estación de autobuses y el corredor ferroviario actual.
Convenios como el que debe firmarse para el AVE de Ourense se han suscrito ya en otras ciudades gallegas y en todos los casos, según asegura Áurea Soto, se pactaron primero entre el Ministerio y el Consistorio de turno, y después se llamó a la Xunta.
Posteriormente, y sólo en el caso de Ourense, será precisa la constitución de un consorcio, que no se ha visto necesario en Vigo, A Coruña o Santiago, pero que sí se planteará en la ciudad de As Burgas por la complejidad de la obra a realizar y por ser su estación y su trazado los de entrada a Galicia. Ese consorcio será o equivaldrá a una sociedad de gestión encargada de agilizar la llegada de la alta velocidad.
Aún reconociendo los condicionantes del período electoral que se acerca, el gobierno local y la propia concejala de Urbanismo esperan que la Administración autonómica asuma el compromiso porque también reclama el cumplimiento de los plazos estipulados en el Pacto do Obradoiro, pese a haber criticado el presidente de la Xunta que no fue invitado a consensuar el plan de integración.
Incluso puede darse el caso de que el Alto Tribunal anule definitivamente el actual planeamiento -pesan sobre él hasta nueve sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que lo suspenden en su totalidad-, lo que obligaría a efectuar las modificaciones urbanísticas sobre el que entraría entonces en vigor, el de 1987, lo que complicaría aún más la tramitación. El Concello ha encargado la redacción de un nuevo PXOM que contemplará la integración pero aún no está aprobado.
Así la cuestión, la concejala socialista urge un acuerdo con la Xunta para que pueda firmarse el convenio a que obliga la Ley del Suelo, que para este tipo de infraestructuras exige la concurrencia de la administración titular del bien (Fomento, porque las acciones se ejecutarán en algo más de 300.000 metros cuadrados que ya son suyos), la consellería competente en materia de urbanismo y el ayuntamiento. Además, el gobierno local pretende una implicación de la Xunta no sólo a ese nivel, sino para que asuma 15 millones de gasto en la estación de autobuses y el corredor ferroviario actual.
Convenios como el que debe firmarse para el AVE de Ourense se han suscrito ya en otras ciudades gallegas y en todos los casos, según asegura Áurea Soto, se pactaron primero entre el Ministerio y el Consistorio de turno, y después se llamó a la Xunta.
Posteriormente, y sólo en el caso de Ourense, será precisa la constitución de un consorcio, que no se ha visto necesario en Vigo, A Coruña o Santiago, pero que sí se planteará en la ciudad de As Burgas por la complejidad de la obra a realizar y por ser su estación y su trazado los de entrada a Galicia. Ese consorcio será o equivaldrá a una sociedad de gestión encargada de agilizar la llegada de la alta velocidad.
Aún reconociendo los condicionantes del período electoral que se acerca, el gobierno local y la propia concejala de Urbanismo esperan que la Administración autonómica asuma el compromiso porque también reclama el cumplimiento de los plazos estipulados en el Pacto do Obradoiro, pese a haber criticado el presidente de la Xunta que no fue invitado a consensuar el plan de integración.
