La junta de gobierno del Concello de Ourense acordó ayer archivar dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial por un valor total de 2.650.000 euros interpuestas por un particular (J.C.S.) a raíz de la nulidad del Plan Xeral de 2003. El Concello archiva estas denuncias por la falta de legitimación del denunciante para actuar en nombre de las empresas a las que decía representar.
Según explicaba ayer la institución municipal, el Concello detectó que el denunciante no había presentado el pertinente poder notarial que certificara su representación de las empresas a las que mencionaba. A pesar de que notificó -el pasado noviembre- esta circunstancia al reclamante, para que presentara el poder notarial en un plazo de 10 días, éste no lo hizo, lo que llevó al archivo del expediente en la sesión de ayer de la junta de gobierno local.
CONSELLO CONSULTIVO
Además de esta resolución, la reunión del órgano de gobierno municipal sirvió también para desestimar la reclamación presentada por otro particular, que demandaba una indemnización de 300.000 euros, también por los daños y perjuicios que le había ocasionado la anulación del planeamiento al modificar la calificación de una finca de su propiedad, ubicada en Marcelo Macías.
La desestimación de esta reclamación patrimonial se basa en el dictamen del Consello Consultivo de Galicia, que informó favorablemente rechazar la solicitud de indemnización. No obstante, éstas son resoluciones administrativas, por lo que los recurrentes podrán trasladar sus demandas en la Justicia para ver si les da la razón.
CONSELLO CONSULTIVO
Además de esta resolución, la reunión del órgano de gobierno municipal sirvió también para desestimar la reclamación presentada por otro particular, que demandaba una indemnización de 300.000 euros, también por los daños y perjuicios que le había ocasionado la anulación del planeamiento al modificar la calificación de una finca de su propiedad, ubicada en Marcelo Macías.
La desestimación de esta reclamación patrimonial se basa en el dictamen del Consello Consultivo de Galicia, que informó favorablemente rechazar la solicitud de indemnización. No obstante, éstas son resoluciones administrativas, por lo que los recurrentes podrán trasladar sus demandas en la Justicia para ver si les da la razón.
