El propietario de una granja de pollos en Vilar (Coles) ha visto como dos de la naves que dedicaba al engorde de los animales ha dejado de funcionar. Ocurrió el viernes cuando el Concello precintó las instalaciones por orden judicial y aún debe proceder a su demolición. Se ejecuta así una sentencia de 2006 que daba la razón a los vecinos que denunciaron la cercanía a las casas.
Sin marcha atrás. El Concello de Coles procedió el pasado viernes al precinto y cese de actividad de dos naves de una granja de engorde de pollos situada en el pueblo de Vilar y por delante tiene todavía el procedimiento de demolición (elaborar el proyecto, sacarlo a concurso, adjudicarlo). Con esta actuación, la institución municipal da cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del 15 de junio de 2006, que fallaba en esos términos, dando la razón a los vecinos del mencionado pueblo al entender que, jurídicamente, se trata de una industria fabril y por lo tanto debe estar a una distancia de 2.000 metros de las viviendas (está a unos 100), por lo que le fue anulada la licencia de actividad y obra.
La sentencia era firme pero todavía no se había llevado a la práctica porque el Concello había argumentado un cambio de normativa medioambiental como motivo de inejecución de la sentencia. No obstante, el pasado viernes recibió un auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense (el que llevó el caso) fijándole un plazo de un mes para hacerla efectiva, con advertencia de que de no ser así el regidor municipal incurriría en un delito de desobediencia.
El propietario de la granja estudia ahora la posibilidad de reclamar una indemnización al Concello por daños y perjuicios dado que la entidad municipal le había concedido en su día la licencia (2001).
Esta situación arranca en 2001. El afectado tenía una granja desde 1969 y en 2001 pidió al Concello licencia de ampliación, que fue concedida. Tras la construcción de las dos nuevas naves, los vecinos iniciaron su particular lucha contra el Concello y el propietario de la empresa porque se sentían víctimas de fuerte olores, emanaciones, insectos y ruidos porque estaban cerca de las casas.
La sentencia era firme pero todavía no se había llevado a la práctica porque el Concello había argumentado un cambio de normativa medioambiental como motivo de inejecución de la sentencia. No obstante, el pasado viernes recibió un auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense (el que llevó el caso) fijándole un plazo de un mes para hacerla efectiva, con advertencia de que de no ser así el regidor municipal incurriría en un delito de desobediencia.
El propietario de la granja estudia ahora la posibilidad de reclamar una indemnización al Concello por daños y perjuicios dado que la entidad municipal le había concedido en su día la licencia (2001).
Esta situación arranca en 2001. El afectado tenía una granja desde 1969 y en 2001 pidió al Concello licencia de ampliación, que fue concedida. Tras la construcción de las dos nuevas naves, los vecinos iniciaron su particular lucha contra el Concello y el propietario de la empresa porque se sentían víctimas de fuerte olores, emanaciones, insectos y ruidos porque estaban cerca de las casas.
