La política de contención de gastos que pretenden llevar a cabo las distintas administraciones ha llevado al Concello a decidir cerrar dos centros sociales de la ciudad y derivar a sus usuarios a los centros cívicos más próximos.
En concreto, el centro social de A Ponte, ubicado en la avenida de Marín, y de la asociación de vecinos y de la tercera edad San Pío X, situado en la calle Nosa Señora do Cristal. Según la concejala de Benestar Social, Marga Martín, 'se trata de no duplicar servicios, porque la Xunta nos está recortando ayudas en esta área y tenemos que racionalizarlos'. Con todo, Martín matiza que estos dos centros serán los únicos afectados.
Así, la pretensión del Concello es que los usuarios del centro social de la avenida de Marín -que ya ha cerrado- se trasladen al centro cívico del barrio. 'Muchos ya lo están haciendo', señala la concejala.
MALAS INSTALACIONES
Para Martín, las instalaciones de A Ponte que ahora han cerrado, al lado de la estación de ferrocarril no estaban en las condiciones más idóneas y requerirían reformas. En este centro, el ahorro municipal vendría del coste de servicios como la luz y la calefacción (entre otros), y el ahorro anual se situaría en unos 7.000 euros al año.
En lo que respecta al local de Mariñamansa, el Concello acaba de comunicar a la asociación que lo cerrará en enero. En este caso, recomienda a los usuarios dirigirse al centro cívico de la calle Colón o al de A Cuña. Con el cierre de este local, las arcas municipales se ahorrarán, según la concejala del área, unos 17.000 euros anuales, puesto que sólo el alquiler del local asciende a 13.000 euros al año.
Por el momento, la concejala ha recibido ya quejas por el cierre, relativas a la distancia de los centros cívicos y a cuestiones como que 'en el centro social de A Ponte se organizaban bailes', entre otras. Con todo, desde el propio Concello se considera que muchos de los usuarios de estas dos instalaciones lo son ya de los centros cívicos, con horario y dependencias más amplios.
LOS VECINALES LE CUESTAN AL AÑO MÁS DE 144.000 EUROS
La decisión adoptada por Benestar Social para 'racionalizar servicios' no se aplicará a otros centros de características similares, como el de A Follateira, al considerar que 'no hay un centro cívico cerca en el que se puedan ofertar actividades a los usuarios', explica Marga Martín. Tampoco afectará, al menos de momento, a las asociaciones de vecinos, dependientes en este caso de la Concejalía de Participación Ciudadana.
En este sentido, desde este área de gobierno, su titular, María Devesa, no se plantea cerrar locales para derivar a los usuarios a centros cívicos próximos. Desde esta concejalía se entiende que son compatibles ambos modelos de dinamización ciudadana -por un lado, los locales vecinales y, por el otro, los centros cívicos-.
No obstante, la prioridad es también contener gastos, por lo que ya se han iniciado contactos con propietarios de locales vecinales para rebajar el coste del alquiler. La cuestión es importante si se tiene en cuenta que el Concello gasta anualmente 144.315 euros en alrededor de una treintena de locales vecinales.
Mientras, los centros cívicos de la ciudad se van implantando y algunos, como el de A Ponte, logra los 300 usuarios diarios entre actividades y el uso de instalaciones como el aula de informática y el local social.
Así, la pretensión del Concello es que los usuarios del centro social de la avenida de Marín -que ya ha cerrado- se trasladen al centro cívico del barrio. 'Muchos ya lo están haciendo', señala la concejala.
MALAS INSTALACIONES
Para Martín, las instalaciones de A Ponte que ahora han cerrado, al lado de la estación de ferrocarril no estaban en las condiciones más idóneas y requerirían reformas. En este centro, el ahorro municipal vendría del coste de servicios como la luz y la calefacción (entre otros), y el ahorro anual se situaría en unos 7.000 euros al año.
En lo que respecta al local de Mariñamansa, el Concello acaba de comunicar a la asociación que lo cerrará en enero. En este caso, recomienda a los usuarios dirigirse al centro cívico de la calle Colón o al de A Cuña. Con el cierre de este local, las arcas municipales se ahorrarán, según la concejala del área, unos 17.000 euros anuales, puesto que sólo el alquiler del local asciende a 13.000 euros al año.
Por el momento, la concejala ha recibido ya quejas por el cierre, relativas a la distancia de los centros cívicos y a cuestiones como que 'en el centro social de A Ponte se organizaban bailes', entre otras. Con todo, desde el propio Concello se considera que muchos de los usuarios de estas dos instalaciones lo son ya de los centros cívicos, con horario y dependencias más amplios.
LOS VECINALES LE CUESTAN AL AÑO MÁS DE 144.000 EUROS
La decisión adoptada por Benestar Social para 'racionalizar servicios' no se aplicará a otros centros de características similares, como el de A Follateira, al considerar que 'no hay un centro cívico cerca en el que se puedan ofertar actividades a los usuarios', explica Marga Martín. Tampoco afectará, al menos de momento, a las asociaciones de vecinos, dependientes en este caso de la Concejalía de Participación Ciudadana.
En este sentido, desde este área de gobierno, su titular, María Devesa, no se plantea cerrar locales para derivar a los usuarios a centros cívicos próximos. Desde esta concejalía se entiende que son compatibles ambos modelos de dinamización ciudadana -por un lado, los locales vecinales y, por el otro, los centros cívicos-.
No obstante, la prioridad es también contener gastos, por lo que ya se han iniciado contactos con propietarios de locales vecinales para rebajar el coste del alquiler. La cuestión es importante si se tiene en cuenta que el Concello gasta anualmente 144.315 euros en alrededor de una treintena de locales vecinales.
Mientras, los centros cívicos de la ciudad se van implantando y algunos, como el de A Ponte, logra los 300 usuarios diarios entre actividades y el uso de instalaciones como el aula de informática y el local social.
