Los concellos de la provincia han registrado 826 solicitudes de regularización de edificaciones construidas sin licencia antes del 1 de enero de 2003. Las peticiones proceden de los propietarios de 672 viviendas y 154 naves industriales, que reclaman un reconocimiento patrimonial para sus inmuebles, ya que así podrían pasar a inscribirlos a su nombre. La medida, sin embargo, no supone en ningún caso la legalización de lo construido 'senón a mera aceptación dunha situación de feito', según explicaba ayer la Consellería de Medio Ambiente.
En la práctica, la regularización de estos edificios que se encuentran fuera de la ordenación urbanística 'tendrá más repercusión para la actividad industrial, puesto que, a diferencia de las viviendas, en su caso la disciplina urbanística no prescribe y tenían menos seguridad jurídica', comentan fuentes de la Concejalía de Urbanismo de Ourense. Así, la regularización permitirá obras de conservación de estas edificaciones, así como las precisas para el mantenimiento de una actividad económica que, en ningún caso, podrá cambiar a otro uso diferente. No obstante, se mantiene la prohibición de realizar trabajos de ampliación o consolidación. Además, una vez regularizadas, los inmuebles quedarán sujetos al pago del IBI (la contribución) y, en el caso de las naves, del impuesto de actividades económicas.
POR COMARCAS
Los concellos de la comarca de Ourense fueron los que recibieron un mayor número de solicitudes de regularización -249, de las que 198 son viviendas-, mientras que los de Viana y Terra de Caldelas son los que menos peticiones recibieron -seis cada una de ellas-. Las instituciones locales son las que tienen que conceder la regularización si queda acreditado que las viviendas o naves cumplen los requisitos exigidos, excepto en los casos en los que estén ubicadas en suelo rústico de protección de costas, aguas o espacios naturales, en los que será necesario obtener un informe favorable de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
Con todo, el reconocimiento administrativo queda vinculado a la adopción de medidas tendentes a la restauración de la legalidad ambiental, en el caso de que no esté acreditada, en lo que respecta a la evacuación de aguas residuales, tratamiento de gases nocivos, aislamiento acústico, entre otras. Por último, las construcciones que puedan ser legalizadas a través de un proyecto no encajan en este proceso de declaración de fuera de ordenación.
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Los concellos de la comarca de Ourense fueron los que recibieron un mayor número de solicitudes de regularización -249, de las que 198 son viviendas-, mientras que los de Viana y Terra de Caldelas son los que menos peticiones recibieron -seis cada una de ellas-. Las instituciones locales son las que tienen que conceder la regularización si queda acreditado que las viviendas o naves cumplen los requisitos exigidos, excepto en los casos en los que estén ubicadas en suelo rústico de protección de costas, aguas o espacios naturales, en los que será necesario obtener un informe favorable de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
Con todo, el reconocimiento administrativo queda vinculado a la adopción de medidas tendentes a la restauración de la legalidad ambiental, en el caso de que no esté acreditada, en lo que respecta a la evacuación de aguas residuales, tratamiento de gases nocivos, aislamiento acústico, entre otras. Por último, las construcciones que puedan ser legalizadas a través de un proyecto no encajan en este proceso de declaración de fuera de ordenación.
