Un acuerdo firmado ayer entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia facilitará la construcción de 72 viviendas de protección oficial en el barrio de Barrocás, en la ciudad, y la rehabilitación de otras 182 en el casco histórico de Ourense y Seixalbo, así como en las áreas de rehabilitación integral de O Polvorín, Camelias y A Carballeira; y en Castro Caldelas, Celanova, Ribadavia y Verín.
En el caso de Barrocás, el Ministerio aportará una subvención de 138.600 euros (cerca de un 37%) en tres anualidades para la urbanización de la parcela donde se construirán los pisos protegidos. El suelo, con una superficie de 4.184 metros cuadrados, es municipal. Esa parcela fue subastada por el Concello y adquirida por la empresa Raminosa, que desarrollará el solar con un presupuesto de cerca de 276.000 euros.
En los demás casos, se trata de rehabilitación de pisos y casas, que suman 1.750 en toda Galicia, de los que 182 son en la provincia. Se trata de 16 en Castro Caldelas y otros tantos en Celanova; 27 en el casco histórico de la ciudad, 10 en Seixalbo y 77 en O Polvorín, A Carballeira y As Camelias. Además, con este acuerdo, que alcanza los 13,7 millones de euros en la Comunidad gallega, se podrán rehabilitar 26 viviendas en Ribadavia y 10 en Verín. La concejala nacionalista de Ourense, Iolanda Pérez, acudió a la firma del convenio entre la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor y el conselleiro Agustín Hernández.
En los demás casos, se trata de rehabilitación de pisos y casas, que suman 1.750 en toda Galicia, de los que 182 son en la provincia. Se trata de 16 en Castro Caldelas y otros tantos en Celanova; 27 en el casco histórico de la ciudad, 10 en Seixalbo y 77 en O Polvorín, A Carballeira y As Camelias. Además, con este acuerdo, que alcanza los 13,7 millones de euros en la Comunidad gallega, se podrán rehabilitar 26 viviendas en Ribadavia y 10 en Verín. La concejala nacionalista de Ourense, Iolanda Pérez, acudió a la firma del convenio entre la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor y el conselleiro Agustín Hernández.
