Meses de negociaciones sólo han permitido un acuerdo de mínimos entre Xunta de Galicia y Consello da Avogacía Galega para fijar los baremos con los que la administración financia la asistencia jurídica gratuita que dispensan los colegios de abogados a la ciudadanía.
Fuentes de la Consellería de Presidencia admiten que, en un contexto de crisis, la austeridad también se traslada a este ámbito. De hecho, el convenio que rubrica el acuerdo fija que las condiciones para 2010 sean una prórroga de las que rigieron para 2009. Al menos, para los seis primeros meses. Lo que equivale a una congelación de los emolumentos. El segundo semestre, en cambio, contemplará una subida en los baremos del 0,9%, esto es, el equivalente al IPC gallego con el que se cerró el año pasado. Entre las novedades del pacto, está la incorporación de un nuevo procedimiento que el antiguo baremo no recogía, como es contemplar el pago, en casos de violencia de género, de un abogado no sólo para el detenido sino también para la víctima.
La factura que Presidencia abonó a los abogados ourensanos el pasado año por trabajar en el turno de oficio fue de 1.048.003 euros, mientras que en el caso de los procuradores ascendió a 96.201 euros. En total, 1.144.204 euros. Esto significa que en 2009 se produjo un incremento de los costes por la demanda de asistencia jurídica respecto a 2008 (973.943 euros), de un 17%, cinco puntos por encima de la media de crecimiento autonómico. En el conjunto de Galicia, el aumento fue del 12%, al pasar de un gasto en asistencia de 8,53 millones de euros a uno de 9,55 millones.
El entendimiento entre Xunta y abogados estuvo precipitado por la urgencia de que los letrados cobrasen el primer trimestre, ya que si no se acordaba el baremo el abono no se consumaba, al no existir un modo objetivo de hallar su cálculo. Desde el Colexio de Avogados de Ourense admiten que la Xunta ha tomado la costumbre de "llevar muy al día los pagos a los letrados una vez el Colexio certifica las asistencias vencido cada trimestre".
La factura que Presidencia abonó a los abogados ourensanos el pasado año por trabajar en el turno de oficio fue de 1.048.003 euros, mientras que en el caso de los procuradores ascendió a 96.201 euros. En total, 1.144.204 euros. Esto significa que en 2009 se produjo un incremento de los costes por la demanda de asistencia jurídica respecto a 2008 (973.943 euros), de un 17%, cinco puntos por encima de la media de crecimiento autonómico. En el conjunto de Galicia, el aumento fue del 12%, al pasar de un gasto en asistencia de 8,53 millones de euros a uno de 9,55 millones.
El entendimiento entre Xunta y abogados estuvo precipitado por la urgencia de que los letrados cobrasen el primer trimestre, ya que si no se acordaba el baremo el abono no se consumaba, al no existir un modo objetivo de hallar su cálculo. Desde el Colexio de Avogados de Ourense admiten que la Xunta ha tomado la costumbre de "llevar muy al día los pagos a los letrados una vez el Colexio certifica las asistencias vencido cada trimestre".
