n nn El Juzgado de Ribadavia continúa adelante con la investigación del caso del supuesto fraude de subvenciones procedentes de fondos europeos del programa LEADER II y de las supuestas falsedades instrumentales que condicionaron el pago de las citadas ayudas comunitarias en la zona del Ribeiro. Éstas se correspondieron con la creación de cinco talleres artesanales de forja, orfebrería, cerámica, pan y madera, y la creación de una planta transformadora de biomasa y la adaptación de la Bodega Nairoa a la normativa actual.
Está previsto que a lo largo del día de hoy comparezcan como imputados el secretario del Concello de Arnoia, Pablo Fernández Loureiro, y Miguel Reza Paz, vinculado con la redacción de los proyectos. Junto a éstos, la Justicia mantiene como imputados al ex alcalde de Arnoia y presidente en su momento del Grupo de Acción Local CEIVAM, y actual delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martinez; Juan Emilio Aparicio, gerente de CEIVAM, y María del Carmen Gallego Nespereira.
En el caso de Rogelio Martínez, el Ministerio Público entiende que su actuación puede ser constitutivo de un presunto delito de falsificaciones de certificación, pero éste habría prescrito a los tres años desde que la supuesta certificación se emitió en noviembre de 2001.
Mientras el juzgado mantiene las imputaciones, el Ministerio Fiscal ha instado al sobreseimiento de las actuaciones por prescripción de los supuestos delitos de falsificación de documento oficial, falsedad de certificación y de fraude de subvenciones. Desde la concesión de la subvención que data en todos los proyectos relacionados en fecha de 22 de diciembre de 1999 hasta la interposición de la denuncia en fecha de 28 de septiembre de 2006 'ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción de cinco años en el supuesto del delito de fraude de subvenciones', según la Fiscalía.
En el caso de Rogelio Martínez, el Ministerio Público entiende que su actuación puede ser constitutivo de un presunto delito de falsificaciones de certificación, pero éste habría prescrito a los tres años desde que la supuesta certificación se emitió en noviembre de 2001.
Mientras el juzgado mantiene las imputaciones, el Ministerio Fiscal ha instado al sobreseimiento de las actuaciones por prescripción de los supuestos delitos de falsificación de documento oficial, falsedad de certificación y de fraude de subvenciones. Desde la concesión de la subvención que data en todos los proyectos relacionados en fecha de 22 de diciembre de 1999 hasta la interposición de la denuncia en fecha de 28 de septiembre de 2006 'ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción de cinco años en el supuesto del delito de fraude de subvenciones', según la Fiscalía.
