Conducir bajo los efectos del alcohol, negarse a la prueba de la alcoholemia, quebrar la prohición de conducir o de acercarse a la ex pareja son algunos de los hechos que más se repiten en los últimos meses en los juicios celebrados en los dos juzgados de lo Penal de la provincia. Así, los asuntos derivados del tráfico y la violencia machista acaparan buena parte de la programación diaria de ambos juzgados. Las reformas efectuadas en ambas materias en los últimos años son la causa principal.
Perdió el control de su vehículo en la ciudad y se salió de la vía, chocando contra un otro que se hallaba estacionado. Tras el accidente, el conductor arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia de 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Otro hombre amenazó a su esposa, cogió un palo en su furgoneta e intentó agredirla.
Hechos como éstos son el día a día en los juzgados de lo Penal de la provincia. No en vano, la actividad de ambos órganos judiciales está prácticamente copada por dos tipos de delitos: los relacionados con la seguridad del tráfico (conducir sin permiso o de forma temeraria y alcoholemias, principalmente) y con la violencia de género (malos tratos, amenazas, lesiones, coacciones, quebrantamiento de medidas cautelares...). Ejemplo de ello es que de los siete juicios celebrados el pasado jueves entre los dos juzgados, cuatro estaban relacionados con la violencia machista y dos con tráfico. En noviembre, la mitad de los juicios que se celebraron en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense estaban relacionados con estos delitos.
Los cambios
El incremento de juicios por estos delitos está relacionado con las modificaciones efectuadas en ambas materias en los últimos años. La más reciente, la de tráfico, acarreó un importante volumen de trabajo en los juzgados de lo penal -ingresaron en los dos primeros trimestres del año 384 nuevos asuntos, 40 más que el año pasado-. Al margen de esta cuestión, la tramitación de las ejecutorias de los delitos de tráfico enjuiciados en los juzgados de instrucción también ha multiplicado considerablemente el volumen de trabajo de ambos juzgados.
Curiosamente, y aunque su número todavía no es significativo, sí se percibe en los juzgados ourensanos la existencia cada vez más abundante de agresiones o desobediencias a miembros de las fuerzas de seguridad. Así, son más habituales los juicios por delitos de atentado contra agentes de seguridad -muchos de ellos en el marco también de juicios por asuntos deri vados del tráfico- y de desobediencia. Estos últimos suelen enjuiciar a aquellos conductores que se niegan a realizar la prueba de la alcoholemia tras ser requeridos por agentes de las policías locales o de la Guardia Civil de Tráfico.
LAS PENAS
Multas y trabajos comunitarios
No es excepcional la ocasión en que todos los juicios de los dos juzgados de lo penal sean por delitos de tráfico. Y ello a pesar de que la mayoría de los conductores denunciados en el Juzgado no llegan a estas salas, al alcanzar conformidades con el fiscal en los juzgados de instrucción. Lo habitual es que este tipo de delitos se salde con penas de multa y trabajos en beneficio de la comunidad -si son aceptados por el acusado-, excepto aquellos con consecuencias más graves, como puede ser la muerte de una persona.
En estos casos están contempladas penas de prisión, como también lo están para determinadas alcoholemias o conducciones temerarias, aunque de pocos meses. La falta de antecedentes de los conductores provoca que no entren en prisión.
Hechos como éstos son el día a día en los juzgados de lo Penal de la provincia. No en vano, la actividad de ambos órganos judiciales está prácticamente copada por dos tipos de delitos: los relacionados con la seguridad del tráfico (conducir sin permiso o de forma temeraria y alcoholemias, principalmente) y con la violencia de género (malos tratos, amenazas, lesiones, coacciones, quebrantamiento de medidas cautelares...). Ejemplo de ello es que de los siete juicios celebrados el pasado jueves entre los dos juzgados, cuatro estaban relacionados con la violencia machista y dos con tráfico. En noviembre, la mitad de los juicios que se celebraron en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense estaban relacionados con estos delitos.
Los cambios
El incremento de juicios por estos delitos está relacionado con las modificaciones efectuadas en ambas materias en los últimos años. La más reciente, la de tráfico, acarreó un importante volumen de trabajo en los juzgados de lo penal -ingresaron en los dos primeros trimestres del año 384 nuevos asuntos, 40 más que el año pasado-. Al margen de esta cuestión, la tramitación de las ejecutorias de los delitos de tráfico enjuiciados en los juzgados de instrucción también ha multiplicado considerablemente el volumen de trabajo de ambos juzgados.
Curiosamente, y aunque su número todavía no es significativo, sí se percibe en los juzgados ourensanos la existencia cada vez más abundante de agresiones o desobediencias a miembros de las fuerzas de seguridad. Así, son más habituales los juicios por delitos de atentado contra agentes de seguridad -muchos de ellos en el marco también de juicios por asuntos deri vados del tráfico- y de desobediencia. Estos últimos suelen enjuiciar a aquellos conductores que se niegan a realizar la prueba de la alcoholemia tras ser requeridos por agentes de las policías locales o de la Guardia Civil de Tráfico.
LAS PENAS
Multas y trabajos comunitarios
No es excepcional la ocasión en que todos los juicios de los dos juzgados de lo penal sean por delitos de tráfico. Y ello a pesar de que la mayoría de los conductores denunciados en el Juzgado no llegan a estas salas, al alcanzar conformidades con el fiscal en los juzgados de instrucción. Lo habitual es que este tipo de delitos se salde con penas de multa y trabajos en beneficio de la comunidad -si son aceptados por el acusado-, excepto aquellos con consecuencias más graves, como puede ser la muerte de una persona.
En estos casos están contempladas penas de prisión, como también lo están para determinadas alcoholemias o conducciones temerarias, aunque de pocos meses. La falta de antecedentes de los conductores provoca que no entren en prisión.
