Los abogados creen que la reforma "perjudicará la economía del rural"
La Junta de Portavoces de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) acordó ayer mostrar su rechazo a la supresión de los partidos judiciales en su formulación inicial que recoge el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, dado que, en su opinión, el acceso a la justicia "se puede ver mermado". Con esta decisión, el presidente de la Fegamp, José Manuel Rey Varela, quiso mostrar su apoyo a las "reivindicaciones para mantener una justicia de proximidad que sea igual para todos, con independencia de donde viven", una reclamación realizada durante los pasados días por distintos alcaldes de Galicia.
"No podemos aceptarlo", explicaba el también alcalde de Ferrol, que trasladó su "oposición" a la reforma propuesta por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que pretende sustituir los partidos judiciales por tribunales provinciales de instancia. Según informó la Fegamp, la "posible centralización de servicios en las capitales de provincia puede dificultar el acceso a la justicia de muchos gallegos", teniendo en cuenta las "especificidades de Galicia", que determinan la "prestación de servicios", en ámbitos como la dispersión poblacional.
Rey Varela aseguró que la reforma propuesta es "negativa, no sólo para los ayuntamientos, sino para los ciudadanos" y expresó su "adhesión" a los colectivos profesionales del ámbito de la justicia que han protestado por esta reforma. "Nos alivia saber que la Xunta demanda cambios en esta reforma en la dirección de una atención concreta a las necesidades de Galicia" ha asegurado.
abogados
Uno de estos colectivos, el de los abogados, a través del Consello da Avogacía Galega, advierte de que con la reforma judicial que promueve el ministro Alberto Ruiz-Gallardón la justicia será "lejana y distante". Además, asegura que la eliminación de los partidos judiciales provocará el "alejamiento del ciudadano de la Justicia", que ya era, según recuerda, "cara e inaccesible" debido a las tasas.
Para el consello, esta propuesta "se basa en criterios económicos que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva establecida en la Constitución". Sin embargo, no augura éxito al respecto, ya que, según sostiene, esta propuesta "perjudica la economía del rural, inutiliza las inversiones realizadas últimamente en edificios judiciales y olvida la dispersión poblacional del país".
Asimismo, los abogados gallegos recalcan que las quejas que origina la Administración de Justicia se refieren a la "escasez" de medios humanos y materiales y, especialmente, al "insuficiente" número de jueces, que produce dilaciones en la respuesta que la Justicia debe darle al ciudadano. n
