Un día más y la crisis del gobierno socialista de la ciudad, pendiente de Santiago, y a la postre, de Madrid.
Porque, de acuerdo con los estatutos del PSOE, es Ferraz quien tiene que ejecutar la resolución que, eso sí, se proponga desde la dirección gallega, tras oír a sus responsables. Esta sólo tiene capacidad para recomendar la medida a adoptar e instar a Madrid a ejecutarla. Ocurre que el lunes está precisamente convocada una reunión de la ejecutiva federal, de la que forma parte Pachi Vázquez, el exsecretario xeral del PSdeG, al que son afines los cinco ediles críticos que el 13 de diciembre se ausentaron del punto del pleno que iba a votar contra la compatibilidad del asesor jurídico Javier García Gago para que impartiese más horas de clase en la Universidad de Vigo, en horario laboral de mañana.
La cuestión es qué informe elaborará la dirección gallega, seguramente la secretaria de Organización, Pilar Cancela, para recomendar a Madrid. Tras sus reuniones infructuosas con los dos grupos en conflicto, el PSdeG tiene la opción de proponer un castigo a los ediles díscolos, que es lo que pretende el alcalde, Agustín Fernández, por mucho que ellos hayan alegado en su defensa que con su ausencia en aquel asunto no se vulneró el sentido del voto, tan sólo se protegieron, con su salida, de una posible imputación judicial; habían firmado un documento defendiendo la compatibilidad del funcionario.
La otra opción, instar al regidor a devolver al líder de los críticos, Rodríguez Penín, todas o algunas de las responsabilidades que, por decreto, le retiró tres días después de aquel pleno, y que es lo que pretenden los díscolos y la dirección provincial del partido, es vista con escepticismo en el núcleo de Agustín Fernández y en la ejecutiva local. Ahí se choca con la autonomía y las competencias del regidor para organizar su grupo de gobierno, algo que no se pone en duda si se justifica debidamente. Sus ediles más próximos entienden sobradamente razonada la destitución por aquel plante plenario y el daño que se hizo a la imagen del grupo municipal; pero, alega la otra parte, qué alcalde obliga a parte de sus concejales a votar un asunto que puede costarles una imputación judicial, argumento éste que emplearon Penín y sus compañeros ante Cancela y que ya esgrimieron, el día anterior a aquel pleno, cuando informaron al alcalde de que se ausentarían; su decisión fue comunicada también a la dirección gallega y el propio secretario xeral habló del asunto con el alcalde, que prefirió mantener el orden del día inalterable.
La tercera opción, dejar en manos de Madrid la resolución, tampoco se descarta, dado que pasa el tiempo y el conflicto lejos de cerrarse, se agrava con el paso de los días.
LOS EXPEDIENTES
En esa situación, ayer las díscolas Susana Bayo y María Devesa. miembros de la junta municipal de gobierno, faltaron a la reunión habitual de los jueves, como habían anunciado, lo que indica que e pulso se mantiene. Y hoy comparecen en la sede los cuatro ediles díscolos a los que ha podido abrir expediente informativo la ejecutiva local. La quinta, Susana Bayo, está afiliada en Esgos, por eso la dirección del partido en la ciudad instó a la gallega la apertura de un expediente, que todavía no se ha producido.
Rodríguez Penín, ahora sin funciones de gobierno pero sin que piense dejar su escaño, será el primero en acudir, por la mañana, ante Gonzalo Iglesias Sueiro, juez instructor, para justificar su acción del 13 de diciembre. Por la tarde lo harán María Devesa, Mónica Vázquez y Alfonso Vilachá. Después, a seguir esperando.
La cuestión es qué informe elaborará la dirección gallega, seguramente la secretaria de Organización, Pilar Cancela, para recomendar a Madrid. Tras sus reuniones infructuosas con los dos grupos en conflicto, el PSdeG tiene la opción de proponer un castigo a los ediles díscolos, que es lo que pretende el alcalde, Agustín Fernández, por mucho que ellos hayan alegado en su defensa que con su ausencia en aquel asunto no se vulneró el sentido del voto, tan sólo se protegieron, con su salida, de una posible imputación judicial; habían firmado un documento defendiendo la compatibilidad del funcionario.
La otra opción, instar al regidor a devolver al líder de los críticos, Rodríguez Penín, todas o algunas de las responsabilidades que, por decreto, le retiró tres días después de aquel pleno, y que es lo que pretenden los díscolos y la dirección provincial del partido, es vista con escepticismo en el núcleo de Agustín Fernández y en la ejecutiva local. Ahí se choca con la autonomía y las competencias del regidor para organizar su grupo de gobierno, algo que no se pone en duda si se justifica debidamente. Sus ediles más próximos entienden sobradamente razonada la destitución por aquel plante plenario y el daño que se hizo a la imagen del grupo municipal; pero, alega la otra parte, qué alcalde obliga a parte de sus concejales a votar un asunto que puede costarles una imputación judicial, argumento éste que emplearon Penín y sus compañeros ante Cancela y que ya esgrimieron, el día anterior a aquel pleno, cuando informaron al alcalde de que se ausentarían; su decisión fue comunicada también a la dirección gallega y el propio secretario xeral habló del asunto con el alcalde, que prefirió mantener el orden del día inalterable.
La tercera opción, dejar en manos de Madrid la resolución, tampoco se descarta, dado que pasa el tiempo y el conflicto lejos de cerrarse, se agrava con el paso de los días.
LOS EXPEDIENTES
En esa situación, ayer las díscolas Susana Bayo y María Devesa. miembros de la junta municipal de gobierno, faltaron a la reunión habitual de los jueves, como habían anunciado, lo que indica que e pulso se mantiene. Y hoy comparecen en la sede los cuatro ediles díscolos a los que ha podido abrir expediente informativo la ejecutiva local. La quinta, Susana Bayo, está afiliada en Esgos, por eso la dirección del partido en la ciudad instó a la gallega la apertura de un expediente, que todavía no se ha producido.
Rodríguez Penín, ahora sin funciones de gobierno pero sin que piense dejar su escaño, será el primero en acudir, por la mañana, ante Gonzalo Iglesias Sueiro, juez instructor, para justificar su acción del 13 de diciembre. Por la tarde lo harán María Devesa, Mónica Vázquez y Alfonso Vilachá. Después, a seguir esperando.
