Que lo entreguen, se valorará el estado del niño y si han hecho los deberes volverá al ámbito familiar, que es donde debe estar, aseguró el fiscal jefe de la Audiencia a la hora de argumentar la querella presentada por el Ministerio Público contra los padres del niño obeso cuya tutela fue asumida por la Xunta.
La Fiscalía de Menores no se anduvo con rodeos y optó en la mañana por interponer una querella criminal contra los padres de M., el niño obeso de nueve años que continúa en paradero desconocido para evitar que la Xunta asuma su tutela. Esta decisión es consecuente con la información que le trasladó el Servizo de Menores e Familia de la Consellería de Benestar a última hora de la mañana de martes, en la que se daba cuenta de dos intentos infructuosos para ejecutar el ingreso del pequeño en el centro de protección A Carballeira.
La querella, en la que no se pide como medida cautelar la detención de los progenitores, será turnada al Juzgado de guardia para que llame a declarar a Luis Montoya y Margarita Gabarres en calidad de imputados en sendos delitos de desobediencia y sustracción de menores. Paralelamente, se emprenderán gestiones tendentes a localizar al niño, cobijado por miembros del clan familiar.
Nuevo elemento de reflexión
Sin embargo, esta nueva circunstancia, según precisó el abogado de los padres, José Manuel Rodríguez Díaz, representa un nuevo elemento de reflexión, si bien sus clientes están interesados en exponer ante la Fiscalía los motivos que le llevan a proceder de esta manera.
Mientras, la familia de etnia gitana, que ya de alguna forma contemplaba esta circunstancia, continúa en la tesitura de intentar hacer recapacitar a la Xunta para que le permita continuar viviendo con su hijo, sometido al control de un médico endocrino designado por ellos y bajo la supervisión del Servizo de Menores.
No obstante, al fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, según aclaró ayer en rueda de prensa, sólo le vale una opción: la entrega, su posterior valoración y si ciertamente han hecho los deberes volverá al ámbito familiar, que es donde debe estar. Según recordó, el Ministerio Público no admitirá bajo ningún pretexto que los padres se tomen la justicia por su mano, porque, según apostilló, todos estamos bajo el imperio de la Ley, a la hora de aludir a que hay una resolución administrativa con refrendo jurisdiccional que avala que esa decisión está bien tomada. Descartando que la intención de esa institución judicial sea que vayan a la cárcel, puesto que se trata de unos padres equivocados, sino que acaten los principios democráticos en virtud de los cuales nadie debe estar por encima de las leyes.
Los delitos que sustentan la querella contemplan penas de hasta cuatro años de cárcel, según precisaron fuentes judiciales consultadas por este diario. La sustracción de menores (artículo 225 bis del Código Penal) recoge una penalidad de hasta cuatro años de prisión si la restitución se prolonga más de 15 días desde la fecha de la interposición de la denuncia. Por su parte, la desobediencia incluye una horquilla entre los 6 y 12 meses.
La Fiscalía confirmó que podrá iniciar una investigación para dar con el paradero del menor si sus padres no lo entregan voluntariamente. No hay plazos, pero tienen que hacerlo, cuanto antes mejor, concluyó.
Benestar: Será una tutela reversible
La Consellería de Traballo e Benestar explicó ayer que asumió la tutela ante una situación de grave riesgo para la vida del menor y siempre teniendo en cuenta que su salud y bienestar es la prioridad. Se está hablando de una tutela, en toda caso reversible y temporal, y que no significa la ruptura de la relación familiar, dado que sus progenitores podrán visitarlo en el centro, aclaró.
Asimismo, resaltó que este caso lo está siguiendo desde el año 2005, cuando se detectaron los problemas de salud. De hecho, recordó que el expediente se abrió a instancias de los servicios sociales del Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU).
En mayo del pasado año, el menor, que entonces tenía ocho años, llegó a pesar 83 kilogramos, por lo que fue diagnosticado de obesidad mórbida. Aún así, el primer dato objetivo data de 2005 cuando llegó a los 61,5 kilogramos. Ahora, tras someterse a una rigurosa dieta, consiguió bajar hasta los 70,5.
La querella, en la que no se pide como medida cautelar la detención de los progenitores, será turnada al Juzgado de guardia para que llame a declarar a Luis Montoya y Margarita Gabarres en calidad de imputados en sendos delitos de desobediencia y sustracción de menores. Paralelamente, se emprenderán gestiones tendentes a localizar al niño, cobijado por miembros del clan familiar.
Nuevo elemento de reflexión
Sin embargo, esta nueva circunstancia, según precisó el abogado de los padres, José Manuel Rodríguez Díaz, representa un nuevo elemento de reflexión, si bien sus clientes están interesados en exponer ante la Fiscalía los motivos que le llevan a proceder de esta manera.
Mientras, la familia de etnia gitana, que ya de alguna forma contemplaba esta circunstancia, continúa en la tesitura de intentar hacer recapacitar a la Xunta para que le permita continuar viviendo con su hijo, sometido al control de un médico endocrino designado por ellos y bajo la supervisión del Servizo de Menores.
No obstante, al fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, según aclaró ayer en rueda de prensa, sólo le vale una opción: la entrega, su posterior valoración y si ciertamente han hecho los deberes volverá al ámbito familiar, que es donde debe estar. Según recordó, el Ministerio Público no admitirá bajo ningún pretexto que los padres se tomen la justicia por su mano, porque, según apostilló, todos estamos bajo el imperio de la Ley, a la hora de aludir a que hay una resolución administrativa con refrendo jurisdiccional que avala que esa decisión está bien tomada. Descartando que la intención de esa institución judicial sea que vayan a la cárcel, puesto que se trata de unos padres equivocados, sino que acaten los principios democráticos en virtud de los cuales nadie debe estar por encima de las leyes.
Los delitos que sustentan la querella contemplan penas de hasta cuatro años de cárcel, según precisaron fuentes judiciales consultadas por este diario. La sustracción de menores (artículo 225 bis del Código Penal) recoge una penalidad de hasta cuatro años de prisión si la restitución se prolonga más de 15 días desde la fecha de la interposición de la denuncia. Por su parte, la desobediencia incluye una horquilla entre los 6 y 12 meses.
La Fiscalía confirmó que podrá iniciar una investigación para dar con el paradero del menor si sus padres no lo entregan voluntariamente. No hay plazos, pero tienen que hacerlo, cuanto antes mejor, concluyó.
Benestar: Será una tutela reversible
La Consellería de Traballo e Benestar explicó ayer que asumió la tutela ante una situación de grave riesgo para la vida del menor y siempre teniendo en cuenta que su salud y bienestar es la prioridad. Se está hablando de una tutela, en toda caso reversible y temporal, y que no significa la ruptura de la relación familiar, dado que sus progenitores podrán visitarlo en el centro, aclaró.
Asimismo, resaltó que este caso lo está siguiendo desde el año 2005, cuando se detectaron los problemas de salud. De hecho, recordó que el expediente se abrió a instancias de los servicios sociales del Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU).
En mayo del pasado año, el menor, que entonces tenía ocho años, llegó a pesar 83 kilogramos, por lo que fue diagnosticado de obesidad mórbida. Aún así, el primer dato objetivo data de 2005 cuando llegó a los 61,5 kilogramos. Ahora, tras someterse a una rigurosa dieta, consiguió bajar hasta los 70,5.
