LR- La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de instrucción número 1 de O Barco que archive la causa que se seguía contra el alcalde y otros miembros de la Corporación municipal de A Rúa en lo referente a un supuesto delito contra la ordenación del territorio a raíz de la instalación de Rieter-Saifa en el municipio. Lo mismo requiere en lo referente a un supuesto delito de amenazas. Por otra parte, el Ministerio Público pide que se investigue una supuesta falsedad documental en un expediente de ruina de una casa.
En diciembre de 2004, la secretaria del Concello de A Rúa presentaba una denuncia por diversos hechos y acusaba de ellos a diferentes miembros de la Corporación municipal. Casi tres años después, el Ministerio Fiscal ha solicitado al juez el sobreseimiento libre y archivo de parte de la causa, en concreto, lo referido a la denuncia contra el alcalde por amenazas a la propia funcionaria y a dos ediles del PP y también al supuesto delito contra la ordenación del territorio en la instalación de la empresa multinacional Rieter-Saifa en A Rúa.
El fiscal, Héctor Iglesias, aprecia ’irregularidades, como que el alcalde contratase las obras de explanación de los terrenos de forma verbal’, o que ’las obras comenzaran antes de la aprobación definitiva del plan de sectorización (para convertir el suelo apto para urbanizar en urbanizable)’. Sin embargo, estas irregularidades ’no constituyen delito penal porque el Código Penal castiga infracciones groseras del planeamiento’. De ahí que solicite que se archive la causa penal y se remita al órden judicial de lo contencioso por si se hubieran procedido infracciones administrativas.
Para Iglesias, a pesar de producirse esas irregularidades, ’no significa que nos encontremos ante un delito contra la ordenación del territorio, ya que la tramitación legal se había iniciado con bastante antelación’ y la premura en la instalación estuvo ’en buena medida alentada por los directivos de la mercantil y el deseo de los concejales de no perder una ocasión única para fomentar e impulsar el desarrollo económico y social de A Rúa’.
Las acusaciones particulares y la pública sostenían que el suelo era rústico. El fiscal cree que esto no está acreditado, basándose también en que ningún comunero reclamó y que todas las administraciones emitieron informes favorables a la actuación municipal. El juez decidirá si archiva o no las diligencias.
