Tres semanas después de que venciera el plazo legal de un mes para presentar una moción de censura tras no conseguir sacar adelante la cuestión de confianza vinculada a la modificación de crédito de más de 62 millones de euros, el Boletín Oficial de la Provincia todavía no había publicado hasta este miércoles el pertinente anuncio de aprobación inicial de este expediente, que tal y como fija la legislación es el punto de partida para que se abra el período de presentación de alegaciones.
El retraso no es casualidad, según confirman distintas fuentes municipales, ya que el paso que dará el gobierno municipal está pendiente de lo que le diga ahora Asesoría Jurídica, departamento al que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, encargó personalmente un informe que le permita tener una base legal para incorporar el dinero sin que vuelva a haber un debate en el pleno, órgano en el que el regidor, pese a la vuelta del PP al gobierno, no cuenta con la mayoría suficiente. Así, serían los técnicos municipales los que resolverían directamente las alegaciones, paso previo a decretar la incorporación definitiva de todo el dinero al presupuesto del ejercicio para así tratar de ir impulsando el paquete de inversiones diseñado.
Las peculiares características de la operación emprendida por el alcalde, sin precedentes en el consistorio por la magnitud de la modificación presupuestaria y su posterior vinculación a la cuestión de confianza convierten el proceso en un galimatías legal en el que, desde hace semanas, Jácome busca amparo jurídico para evitar que el pleno ponga en riesgo la operación y, según explican fuentes de la Corporación, está dispuesto a seguir adelante pese a ser consciente de que todo podría acabar judicializado, como sucedió con los presupuestos de 2020, cuyo capítulo de Personal fue anulado.
Mientras eso sucediese, sin embargo, y contando también con los tiempos y plazos judiciales, el gobierno municipal podría ir desbloqueando los proyectos que esperan por la financiación necesaria procedente del remanente de tesorería. Debido al riesgo de la operación, el alcalde mide los tiempos para no dar pasos en falso pero, con el último cuatrimestre del ejercicio ya a la vuelta de la esquina y la necesidad de licitar y adjudicar antes de final de año (para evitar más demoras) no permite tampoco dilatar mucho más la decisión de reactivar la modificación de crédito. Estos días son, por tanto, claves para el futuro del mandato.
