El juez Luis Alárez, que dirige la investigación sobre el accidente del tren Alvia registrado el pasado 24 de julio, que se saldó con 79 personas muertas y más de 150 heridas, dio ayer un paso más en la instrucción del sumario y decidió llamar a declarar como testigos a los directivos de Adif que son responsables de la seguridad en el tramo entre Ourense y Santiago.
El juez solicitó a Adif que le informe de quiénes integran el órgano responsable en materia de seguridad en la circulación, 'con indicación de las capacidades o facultades de cada una de las ellas en la toma de decisiones'.
El juez Luis Aláez especifica que las muertes y lesiones que causó el siniestro se encuentran 'obviamente conectadas' con la conducción inadecuada por exceso de velocidad del maquinista, Francisco José Garzón. Pero, incide, 'un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventiva de naturaleza vial '.
UNA ZONA PELIGROSA
En el caso del accidente, señala el auto del magistrado, 'es evidente que las características de la vía en el lugar donde se produjo el descarrilamiento son sumamente comprometidas para la circulación de los trenes y que el bien jurídico protegido que se pone en riesgo es la vida e integridad física de las personas'.
El auto dice que, ante la situación 'de peligro para la circulación y, consiguientemente para la vida, y ante el previsible error o despiste de un maquinista que puede circular a la máxima velocidad permitida', deberían existir otros procedimientos que evitasen una 'predecible' equivocación 'advirtiendo del peligro'.
El magistrado apunta que la instalación de una señal fija de cambio de velocidad máxima a 80 kilómetros por hora entre 200 y 300 metros del inicio de una curva 'se muestra insuficiente para evitar los resultados' del accidente.
Agrega que dicha indicación vial está tan próxima a la curva en que se produjo el siniestro que imposible o 'remotamente posible' la corrección manual de la velocidad inadecuada y apunta que el comienzo del descarrilamiento se produjo a 220 metros de la señal de cambio.
Por tanto, el magistrado señala, con el carácter provisional de la fase procesal, que ha habido una 'omisión de cautelas elementales' por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea, constitutiva de una imprudencia punible. Lo justifica en que, ante la existencia de un importante riesgo para la circulación, 'no se dota al sistema de seguridad de ningún recurso que lo resuelva automáticamente ni se destaca al maquinista ese concreto riesgo más que de modo indirecto de una reducción de velocidad, al entender que la señal no es adecuada para un predecible despiste'.
El juez reclama a Adif y Renfe informes y documentos y que la Comisión Asesora de Seguridad en la Circulación Ferroviaria sobre el conocimiento 'de alguna incidencia en el tramo de la vía que une las estaciones de Ourense y Santiago' entre el punto kilométrico donde se produjo el descarrilamiento del tren y los diez kilómetros anteriores.
PETICIÓN DEL PSOE
Una vez conocida la petición del juez, el portavoz socialista de Fomento en el Congreso, Rafael Simancas, pidió a los responsables de Adif, Renfe y del propio Ministerio de Fomento que presten la 'máxima colaboración, rigurosa y rápida' y que tengan 'diligencia absoluta en el cumplimiento de los requerimientos judiciales'.
El juez Luis Aláez especifica que las muertes y lesiones que causó el siniestro se encuentran 'obviamente conectadas' con la conducción inadecuada por exceso de velocidad del maquinista, Francisco José Garzón. Pero, incide, 'un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventiva de naturaleza vial '.
UNA ZONA PELIGROSA
En el caso del accidente, señala el auto del magistrado, 'es evidente que las características de la vía en el lugar donde se produjo el descarrilamiento son sumamente comprometidas para la circulación de los trenes y que el bien jurídico protegido que se pone en riesgo es la vida e integridad física de las personas'.
El auto dice que, ante la situación 'de peligro para la circulación y, consiguientemente para la vida, y ante el previsible error o despiste de un maquinista que puede circular a la máxima velocidad permitida', deberían existir otros procedimientos que evitasen una 'predecible' equivocación 'advirtiendo del peligro'.
El magistrado apunta que la instalación de una señal fija de cambio de velocidad máxima a 80 kilómetros por hora entre 200 y 300 metros del inicio de una curva 'se muestra insuficiente para evitar los resultados' del accidente.
Agrega que dicha indicación vial está tan próxima a la curva en que se produjo el siniestro que imposible o 'remotamente posible' la corrección manual de la velocidad inadecuada y apunta que el comienzo del descarrilamiento se produjo a 220 metros de la señal de cambio.
Por tanto, el magistrado señala, con el carácter provisional de la fase procesal, que ha habido una 'omisión de cautelas elementales' por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea, constitutiva de una imprudencia punible. Lo justifica en que, ante la existencia de un importante riesgo para la circulación, 'no se dota al sistema de seguridad de ningún recurso que lo resuelva automáticamente ni se destaca al maquinista ese concreto riesgo más que de modo indirecto de una reducción de velocidad, al entender que la señal no es adecuada para un predecible despiste'.
El juez reclama a Adif y Renfe informes y documentos y que la Comisión Asesora de Seguridad en la Circulación Ferroviaria sobre el conocimiento 'de alguna incidencia en el tramo de la vía que une las estaciones de Ourense y Santiago' entre el punto kilométrico donde se produjo el descarrilamiento del tren y los diez kilómetros anteriores.
PETICIÓN DEL PSOE
Una vez conocida la petición del juez, el portavoz socialista de Fomento en el Congreso, Rafael Simancas, pidió a los responsables de Adif, Renfe y del propio Ministerio de Fomento que presten la 'máxima colaboración, rigurosa y rápida' y que tengan 'diligencia absoluta en el cumplimiento de los requerimientos judiciales'.
