El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el expresidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Luis Baltar, por entender que pudo haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa en la contratación de personal.
El auto de incoación, aprecia indicios de que Baltar, que dejó la Diputación en enero de 2012 tras más de dos décadas al frente, pudo 'haber cometido un delito continuado de prevaricación' por haber formalizado 'diversos contratos temporales a principios del año 2010 prevaliéndose de su condición de presidente de la diputación provincial' y 'sin la publicidad necesaria'.
Añade que estas contrataciones se habrían hecho 'sin seguir ninguno de los procedimientos legalmente previstos a tal efecto, tal y como se deduce de la documental acompañada a la querella'.
Por todo esto, el juez Leonardo Álvarez ha admitido a trámite la querella interpuesta por la fiscalía ourensana, que sostiene que al menos 104 contratos se tramitaron de manera irregular y sin pasar por concurso público.
La querella del fiscal jefe Florentino Delgado parte de una denuncia del PSOE, que alertó de una contratación masiva de cargos del PP, familiares y afines que coincidió con el congreso provincial del PP ourensano en 2010.
Ese año, el PP ourensano celebró un congreso que otorgó la presidencia del partido en Ourense a José Manuel Baltar Blanco, hijo de Baltar Pumar y presidente de la Diputación en la actualidad.
Esta mañana, los socialistas han manifestado su satisfacción por la admisión de la querella, pero solicitan que se abra 'un debate político' dentro de la institución.
La secretaria de organización, María Quintas, ha asegurado en rueda de prensa que 'las políticas de José Luis Baltar son continuadas por su hijo, Manuel Baltar, actual presidente de la Diputación'.
Además, el PSOE solicita que se paralicen 'los procesos de contratación que tenían pensado acometerse, porque es una cuestión de moral', según ha declarado el portavoz socialista en la institución provincial, Ignacio Gómez, quien ha reclamado un pronunciamiento del secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 'ya que eran conocedores de lo que estaba ocurriendo'.
El juez tendrá que llamar a declarar al denunciado y está previsto que presten declaración igualmente jefes de servicio -responsables de la contratación de personal- así como trabajadores que habrían sido contratados de forma irregular.
Añade que estas contrataciones se habrían hecho 'sin seguir ninguno de los procedimientos legalmente previstos a tal efecto, tal y como se deduce de la documental acompañada a la querella'.
Por todo esto, el juez Leonardo Álvarez ha admitido a trámite la querella interpuesta por la fiscalía ourensana, que sostiene que al menos 104 contratos se tramitaron de manera irregular y sin pasar por concurso público.
La querella del fiscal jefe Florentino Delgado parte de una denuncia del PSOE, que alertó de una contratación masiva de cargos del PP, familiares y afines que coincidió con el congreso provincial del PP ourensano en 2010.
Ese año, el PP ourensano celebró un congreso que otorgó la presidencia del partido en Ourense a José Manuel Baltar Blanco, hijo de Baltar Pumar y presidente de la Diputación en la actualidad.
Esta mañana, los socialistas han manifestado su satisfacción por la admisión de la querella, pero solicitan que se abra 'un debate político' dentro de la institución.
La secretaria de organización, María Quintas, ha asegurado en rueda de prensa que 'las políticas de José Luis Baltar son continuadas por su hijo, Manuel Baltar, actual presidente de la Diputación'.
Además, el PSOE solicita que se paralicen 'los procesos de contratación que tenían pensado acometerse, porque es una cuestión de moral', según ha declarado el portavoz socialista en la institución provincial, Ignacio Gómez, quien ha reclamado un pronunciamiento del secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 'ya que eran conocedores de lo que estaba ocurriendo'.
El juez tendrá que llamar a declarar al denunciado y está previsto que presten declaración igualmente jefes de servicio -responsables de la contratación de personal- así como trabajadores que habrían sido contratados de forma irregular.
