La instrucción ya cuenta con seis imputados y unos diez testimonios de funcionarios municipales y trabajadores de una de las empresas socias
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, ha avisado de que el día 10 de abril deberán declarar como imputados los empresarios Alberto L.R. y José Fermín T.C., socios de la Unión Temporal de Empresas (UTE) 'Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, que obtuvo en concurso público el servicio de atención domiciliaria entre los años 2008 y 2011.
Ambos empresarios acordaron con el Ayuntamiento de Ourense la resolución de su contrato a finales de 2010, aunque mantuvieron el servicio en marcha durante un año más sin contrato, hasta que el Ayuntamiento elaboró las bases para una nueva contratación.
Los detalles y documentos de ese proceso fueron presentados en el juzgado por el partido local Democracia Ourensana ante el despido supuestamente improcedente de dos trabajadoras, al cambiar la empresa adjudicataria de este servicio, y por 'el empeño del Ayuntamiento es esconder y ocultar la información', según la denuncia, por lo que el juzgado de instrucción número 2 abrió una investigación.
PRIMERAS IMPUTADAS
Tras varios testimonios de trabajadores municipales durante semanas, en la mañana del viernes declararon las dos primeras funcionarias llamadas como imputadas, pero sin delito específico, que fueron la responsable de informes jurídicos y la jefa de servicio de Benestar.
Ambas respondieron en el juzgado ante seis abogados y se acogieron a su derecho de contestar sólo a las preguntas del juez y de su propio letrado, en relación a la facturación de la atención domiciliaria, a la legalidad de pagar o no desplazamientos en dos facturas de regulación del año 2008 y a la resolución del contrato.
La concejala responsable de Benestar Social, Marga Martín, también declarará como imputada y sin delito específico, el día 27 de marzo, junto con otra funcionaria municipal.
ESPERA RÁPIDA RESOLUCIÓN
El ahora imputado Alberto L., explicó en una nota de prensa que él era gerente único y socio minoritario de la UTE que en 2008 hacía la atención domiciliaria y que, una vez abierta la instrucción a instancias de Democracia Orensana a finales de 2012, fue el primero en personarse 'tras enterarse de la investigación por la prensa', según la nota.
'Ahora que el juez me llama a declarar podré explicar cómo era la gestión del servicio en 2008, que se hizo cumpliendo estrictamente la legalidad vigente', ha explicado, antes de indicar que 'es absolutamente falso que hubiese una doble facturación y sólo se cobraron siempre los servicios prestados'.
En su nota, el empresario indica que espera una rápida resolución de este tema y que cuenta con abundante documentación para ello.
Ambos empresarios acordaron con el Ayuntamiento de Ourense la resolución de su contrato a finales de 2010, aunque mantuvieron el servicio en marcha durante un año más sin contrato, hasta que el Ayuntamiento elaboró las bases para una nueva contratación.
Los detalles y documentos de ese proceso fueron presentados en el juzgado por el partido local Democracia Ourensana ante el despido supuestamente improcedente de dos trabajadoras, al cambiar la empresa adjudicataria de este servicio, y por 'el empeño del Ayuntamiento es esconder y ocultar la información', según la denuncia, por lo que el juzgado de instrucción número 2 abrió una investigación.
PRIMERAS IMPUTADAS
Tras varios testimonios de trabajadores municipales durante semanas, en la mañana del viernes declararon las dos primeras funcionarias llamadas como imputadas, pero sin delito específico, que fueron la responsable de informes jurídicos y la jefa de servicio de Benestar.
Ambas respondieron en el juzgado ante seis abogados y se acogieron a su derecho de contestar sólo a las preguntas del juez y de su propio letrado, en relación a la facturación de la atención domiciliaria, a la legalidad de pagar o no desplazamientos en dos facturas de regulación del año 2008 y a la resolución del contrato.
La concejala responsable de Benestar Social, Marga Martín, también declarará como imputada y sin delito específico, el día 27 de marzo, junto con otra funcionaria municipal.
ESPERA RÁPIDA RESOLUCIÓN
El ahora imputado Alberto L., explicó en una nota de prensa que él era gerente único y socio minoritario de la UTE que en 2008 hacía la atención domiciliaria y que, una vez abierta la instrucción a instancias de Democracia Orensana a finales de 2012, fue el primero en personarse 'tras enterarse de la investigación por la prensa', según la nota.
'Ahora que el juez me llama a declarar podré explicar cómo era la gestión del servicio en 2008, que se hizo cumpliendo estrictamente la legalidad vigente', ha explicado, antes de indicar que 'es absolutamente falso que hubiese una doble facturación y sólo se cobraron siempre los servicios prestados'.
En su nota, el empresario indica que espera una rápida resolución de este tema y que cuenta con abundante documentación para ello.
