Si la convergencia con los territorios más ricos se da merced a la inversión pública, a Ourense le queda mucho en el purgatorio del atraso. Los últimos datos ofrecidos por la patronal española de la construcción, Seopan, terquean en que la licitación de obra es un lastre, no un beneficio para la provincia. Con el primer trimestre cerrado en términos estadísticos, las administraciones públicas han movilizado 22,1 millones de euros para Ourense, lo que la pone en evidencia en términos comparativos.
Solo tres provincias españolas tienen cifras menores: Segovia (17,5 millones), Zamora (15,3) y Soria (11,8). Pero, este dato también agravia porque las tres provincias tienen menos población que Ourense; es decir, la inversión por habitante también le perjudica.
Tampoco en Galicia la comparativa es beneficiosa. Entre enero y marzo se licitaron obras en la comunidad por valor de 313,9 millones de euros, con lo cual de cada cien euros que salen a concurso para inversiones, siete tenían como destino Ourense. En A Coruña se quedaron 141,9 millones (45,2% del total gallego), mientras que para Pontevedra se fue el 39,2% de todo lo licitado.
Por lo que respecta a la distribución de lo licitado por administraciones, es muy evidente el esfuerzo de los últimos meses de la administración local, sin duda influido por la inminencia de las elecciones locales. En el primer trimestre, los 92 concellos de la provincia movilizaron 12,1 millones de euros, un 54,7% del total.
El segundo lugar lo ocupa la Xunta de Galicia, que asumió el 38,7% de todo lo licitado y 8,5 millones de euros en total. Por último, el Gobierno central se queda con 1,4 millones de euros, un 6,5% del total. Esta posición será modificada en el futuro, ya que ayer mismo Adif anunció la licitación de la estación intermodal del AVE, con un presupuesto de licitación de 119 millones de euros.
Estos datos se conocen después de los relativos al 2022, que tampoco han sido buenos para Ourense. Seopan certifica la licitación de obras por valor de 109,3 millones de euros, un 68,5% menos que el ejercicio anterior. Por administraciones, la caída de la aportación del Estado fue del 88,4%; de la Xunta, un 56,4% y de la local (concellos y Diputación), un 17,3%.
