Los cuatro grupos con representación en el arco parlamentario gallego han sumado este jueves sus votos para pedir al Gobierno que licite ya los proyectos constructivos y de trazado de la futura autovía A-76, que conectaría Ourense con Ponferrada.
Asimismo, a instancias del PPdeG, también se pide al Ministerio de Fomento que inicie los trabajos de 'rehabilitación estructural' y de 'recuperación' del firme en las carreteras nacionales 120 y 536. La primera de ellas comunica Vigo con Logroño y la segunda une León con la comarca ourensana de Valdeorras.
Se trata del único acuerdo relativo a infraestructuras que se ha alcanzado en la Comisión 2ª de la Cámara gallega este mismo jueves, toda vez que los populares tumbaron otras tres iniciativas impulsadas por PSdeG y BNG.
En primer término, el diputado nacionalista Cosme Pombo no consiguió pactar un texto con el popular Xosé Manuel Balseiro para urgir a la Xunta 'habilitaciones presupuestarias' para realizar las obras pendientes en la LU-124 (conecta A Pontenova, A Pastoriza, Riotorto y Mondoñedo) y su enlace con la A-8, inaugurada el pasado lunes.
Pese a contar con el respaldo de PSdeG y AGE, Balseiro se opuso a esta propuesta por entender que 'ya existe un compromiso firme' del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, para su ejecución 'en este año 2014'.
'PRIVATIZACIÓN'
Después, fue la parlamentaria del Bloque Ana Pontón quien obtuvo del PP un voto negativo a su petición de 'paralizar de inmediato el proceso de privatización de la gestión' de la autopista que va desde el Alto de Santo Domingo hasta Ourense (AG-53) y el ramal a O Carballiño (AG-54).
'Damos una segunda oportunidad al PP para rectificar esta estafa colectiva', planteó Pontón, sin dejar de advertir de que la 'privatización' de estas vías supondrá pagar 'diez veces más' por ellas e 'hipotecar el futuro de los gallegos' al 'alargar la carga' en los presupuestos de la Xunta. Se trata, según dijo, de 'no repetir la triste historia de la AP-9'.
'Le animamos a intentarlo una tercera vez', replicó, desde el PPdeG, Alejandro Gómez Alonso, aunque ya dejó claro que su grupo tiene 'las ideas bastante claras'. A renglón seguido, justificó su rechazo afirmando que 'la licitación va a ser beneficiosa para los intereses y las arcas públicas'.
TRANSPORTE METROPOLITANO
Por su parte, el socialista Xosé Sánchez Bugallo criticó la modificación 'unilateral' del convenio firmado en 2010 entre la Xunta y los ayuntamientos integrantes del área de Santiago para la puesta en marcha del transporte metropolitano con el objetivo de suprimir varias líneas y recortar, así, las prestaciones comprometidas.
Ante esta situación, pidió que 'se reponga la validez del convenio en su integridad, renunciando a cualquier modificación que no sea previamente negociada entre las partes firmantes de él'. Sin embargo, el PP se opuso respaldando, de este modo, la postura del Gobierno gallego.
'MEDIDAS EJEMPLARIZANTES'
De la mano del diputado de AGE Antón Sánchez se discutió, asimismo, sobre la continuidad en su cargo de la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, imputada por prevaricación en relación con supuestas irregularidades urbanísticas en Sanxenxo (Pontevedra), en su etapa al frente de la Gerencia de Urbanismo.
'Por responsabilidad, debe cesar', defendió, y pidió que quien están al frente de cargos públicos tomen 'medidas de ejemplaridad' ante la 'corrupción' que se ve 'diariamente' en los medios de comunicación.
'Por ética y por la limpieza que debe haber en los poderes públicos, y por no mancillar la imagen de la Xunta, ella debería ser la primera interesada en dimitir', se sumó Ana Pontón, para quien, en todo caso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 'debería tomar la decisión' de destituirla de su puesto.
A continuación, Bugallo mantuvo la postura de su formación, que no requiere a sus cargos imputados que dimitan si no existen medidas cautelares o encausamiento, y optó por la abstención.
Por su parte, los populares, después de que Moisés Blanco afease a AGE y BNG no preservar la presunción de inocencia y llegase a comparar a Antón Sánchez con 'Robespierre' por demandar la dimisión una persona únicamente imputada, rechazaron la proposición no de ley.
Asimismo, a instancias del PPdeG, también se pide al Ministerio de Fomento que inicie los trabajos de 'rehabilitación estructural' y de 'recuperación' del firme en las carreteras nacionales 120 y 536. La primera de ellas comunica Vigo con Logroño y la segunda une León con la comarca ourensana de Valdeorras.
Se trata del único acuerdo relativo a infraestructuras que se ha alcanzado en la Comisión 2ª de la Cámara gallega este mismo jueves, toda vez que los populares tumbaron otras tres iniciativas impulsadas por PSdeG y BNG.
En primer término, el diputado nacionalista Cosme Pombo no consiguió pactar un texto con el popular Xosé Manuel Balseiro para urgir a la Xunta 'habilitaciones presupuestarias' para realizar las obras pendientes en la LU-124 (conecta A Pontenova, A Pastoriza, Riotorto y Mondoñedo) y su enlace con la A-8, inaugurada el pasado lunes.
Pese a contar con el respaldo de PSdeG y AGE, Balseiro se opuso a esta propuesta por entender que 'ya existe un compromiso firme' del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, para su ejecución 'en este año 2014'.
'PRIVATIZACIÓN'
Después, fue la parlamentaria del Bloque Ana Pontón quien obtuvo del PP un voto negativo a su petición de 'paralizar de inmediato el proceso de privatización de la gestión' de la autopista que va desde el Alto de Santo Domingo hasta Ourense (AG-53) y el ramal a O Carballiño (AG-54).
'Damos una segunda oportunidad al PP para rectificar esta estafa colectiva', planteó Pontón, sin dejar de advertir de que la 'privatización' de estas vías supondrá pagar 'diez veces más' por ellas e 'hipotecar el futuro de los gallegos' al 'alargar la carga' en los presupuestos de la Xunta. Se trata, según dijo, de 'no repetir la triste historia de la AP-9'.
'Le animamos a intentarlo una tercera vez', replicó, desde el PPdeG, Alejandro Gómez Alonso, aunque ya dejó claro que su grupo tiene 'las ideas bastante claras'. A renglón seguido, justificó su rechazo afirmando que 'la licitación va a ser beneficiosa para los intereses y las arcas públicas'.
TRANSPORTE METROPOLITANO
Por su parte, el socialista Xosé Sánchez Bugallo criticó la modificación 'unilateral' del convenio firmado en 2010 entre la Xunta y los ayuntamientos integrantes del área de Santiago para la puesta en marcha del transporte metropolitano con el objetivo de suprimir varias líneas y recortar, así, las prestaciones comprometidas.
Ante esta situación, pidió que 'se reponga la validez del convenio en su integridad, renunciando a cualquier modificación que no sea previamente negociada entre las partes firmantes de él'. Sin embargo, el PP se opuso respaldando, de este modo, la postura del Gobierno gallego.
'MEDIDAS EJEMPLARIZANTES'
De la mano del diputado de AGE Antón Sánchez se discutió, asimismo, sobre la continuidad en su cargo de la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, imputada por prevaricación en relación con supuestas irregularidades urbanísticas en Sanxenxo (Pontevedra), en su etapa al frente de la Gerencia de Urbanismo.
'Por responsabilidad, debe cesar', defendió, y pidió que quien están al frente de cargos públicos tomen 'medidas de ejemplaridad' ante la 'corrupción' que se ve 'diariamente' en los medios de comunicación.
'Por ética y por la limpieza que debe haber en los poderes públicos, y por no mancillar la imagen de la Xunta, ella debería ser la primera interesada en dimitir', se sumó Ana Pontón, para quien, en todo caso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 'debería tomar la decisión' de destituirla de su puesto.
A continuación, Bugallo mantuvo la postura de su formación, que no requiere a sus cargos imputados que dimitan si no existen medidas cautelares o encausamiento, y optó por la abstención.
Por su parte, los populares, después de que Moisés Blanco afease a AGE y BNG no preservar la presunción de inocencia y llegase a comparar a Antón Sánchez con 'Robespierre' por demandar la dimisión una persona únicamente imputada, rechazaron la proposición no de ley.
