Los matrimonios 'blancos' encontraron su primer caldo de cultivo en los núcleos donde la presencia de la inmigración es mayor.
Cuando ahí se intensificó la presión, se desplazaron hacia puntos donde la vigilancia estuviese atenuada. El modus operandi es simple: un sujeto, generalmente extranjero, paga una cantidad a otro sujeto, normalmente español, para que éste acceda a contraer matrimonio, con el acuerdo de que no habrá convivencia matrimonial auténtica, ni voluntad de fundar y formar una familia, y de que pasado un año, se instará la separación judicial o el divorcio. La preocupación ante la extensión de este fenómeno llegó a tal punto en 2006 que 'el Ministerio de Justicia emitió vía BOE una instrucción dirigida a los registros civiles -señala Roberto Blanco González, delegado de éste organismo Ourense- con el fin de detectar posibles enlaces fraudulentos'.
Antes de instar o denegar la unión, el juez del Registro Civil debe atender a factores como el mantenimiento de una vida común, si se conocían o no antes del matrimonio, si conocen datos sobre la vida del otro (desde la fecha y lugar de nacimiento, hasta cómo se conocieron, o cómo se llaman sus suegro, o cuáles son sus hábitos notorios), si comparten al menos una lengua en la que entenderse, si una de las partes ha entregado dinero a la otra, o si existen precedentes de matrimonios fraudulentos o irregularidades en materia de residencia. Estos datos deben ser averiguados por el juez mediante la audiencia reservada con los contrayentes, mediante entrevistas con conocidos suyos, a través de los documentos pertinentes o incluso mediante una investigación en toda regla si fuera necesario. La valoración de esos datos a favor o en contra del matrimonio depende del criterio de cada juez.
El año pasado, el Juzgado número 2 de O Barco resolvió anular un matrimonio ya consumado al advertir que el marido no sabía cómo se llamaban los padres de su mujer. Ésta ignoraba el nombre de sus suegros. Sus versiones diferían sobre la duración del noviazgo. Ni siquiera coincidían sus versiones al declarar en qué calle vivían.
Antes de instar o denegar la unión, el juez del Registro Civil debe atender a factores como el mantenimiento de una vida común, si se conocían o no antes del matrimonio, si conocen datos sobre la vida del otro (desde la fecha y lugar de nacimiento, hasta cómo se conocieron, o cómo se llaman sus suegro, o cuáles son sus hábitos notorios), si comparten al menos una lengua en la que entenderse, si una de las partes ha entregado dinero a la otra, o si existen precedentes de matrimonios fraudulentos o irregularidades en materia de residencia. Estos datos deben ser averiguados por el juez mediante la audiencia reservada con los contrayentes, mediante entrevistas con conocidos suyos, a través de los documentos pertinentes o incluso mediante una investigación en toda regla si fuera necesario. La valoración de esos datos a favor o en contra del matrimonio depende del criterio de cada juez.
El año pasado, el Juzgado número 2 de O Barco resolvió anular un matrimonio ya consumado al advertir que el marido no sabía cómo se llamaban los padres de su mujer. Ésta ignoraba el nombre de sus suegros. Sus versiones diferían sobre la duración del noviazgo. Ni siquiera coincidían sus versiones al declarar en qué calle vivían.
