Evelyn del Rosario Hernández Umaña, de 56 años y origen salvadoreño, está desde ayer en la cárcel de Pereiro después que el juez de guardia acordase el ingreso provisional comunicado y sin fianza ante la posibilidad real de que la imputada eludiese la acción de la justicia caso de continuar en libertad.
A la espera de que se tramite la extradición de la mujer a El Salvador desde el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, competente para resolver sobre este extremo, el magistrado de guardia de Ourense recoge en el auto de prisión dictado que sobre Evelyn del Rosario pesa la acusación de 'haber planificado y facilitado los medios y las condiciones para que dos sicarios de la [organización criminal] Mara Salvatrucha dieran muerte a José Antonio Torres Galzámez, Manuel Torres Fernández y María Galdámez de Torres', es decir, el esposo y los suegros de la detenida. La pena que puede imponérsele por el delito que se le imputa, según las leyes salvadoreñas, llegaría hasta los 30 años de prisión.
El juez considera que 'al existir indicios ciertos y razonables de que no proceder a su inmediato ingreso en prisión', la imputada 'podría sustraerse a la acción de la justicia, como lo demuestra el hecho de haber abandonado su país poco después de producirse la muerte de su marido y sus suegros y trasladarse a España', en donde permanece de forma irregular.
La detenida negó ante el juez cualquier implicación en el asesinato de su marido y sus suegros para hacerse con una herencia que superaría los 500.000 euros. A preguntas del juez, aseguró que hace cinco meses abandonó El Salvador hacia España porque había sido víctima de amenazas de muerte por parte de bandas mafiosas que, en su versión, habrían sido las que acabaron con la vida de sus familiares el 20 de junio, cuando el marido murió estrangulado con un cable de teléfono, y los padres de éste acuchillados en la cama.
El juez considera que 'al existir indicios ciertos y razonables de que no proceder a su inmediato ingreso en prisión', la imputada 'podría sustraerse a la acción de la justicia, como lo demuestra el hecho de haber abandonado su país poco después de producirse la muerte de su marido y sus suegros y trasladarse a España', en donde permanece de forma irregular.
La detenida negó ante el juez cualquier implicación en el asesinato de su marido y sus suegros para hacerse con una herencia que superaría los 500.000 euros. A preguntas del juez, aseguró que hace cinco meses abandonó El Salvador hacia España porque había sido víctima de amenazas de muerte por parte de bandas mafiosas que, en su versión, habrían sido las que acabaron con la vida de sus familiares el 20 de junio, cuando el marido murió estrangulado con un cable de teléfono, y los padres de éste acuchillados en la cama.
