El promotor de la iniciativa inició una campaña para reclamar que se varíe el trazado previsto por la Xunta para la conexión del Polígono de San Cibrao con la A-52, lo que permitiría salvar el proyecto
Juan Carlos Outeiriño Martínez, promotor de un camping en Santa Marta (San Cibrao das Viñas), inicia esta mañana una campaña de protestas frente al Consistorio para reclamar que se varíe el trazado previsto por la Xunta para la conexión del Polígono de San Cibrao con la A-52.
Según señala, "en febrero de 2013 presenté en el ayuntamiento de San Cibrao un anteproyecto que contenía la localización y delimitación exacta del camping" y añade que una vez expuesta la iniciativa para presentar posibles alegaciones "no hubo ninguna por parte de la Xunta, indicando que el plan empresarial estuviera ubicado en el espacio reservado para el vial de conexión"; de hecho, la Consellería de Medio Ambiente "me otorgó licencia de actividad el 27 de noviembre de 2014", subraya el afectado.
Con todos los permisos en regla, según destaca, el promotor de este camping en el Concello de San Cibrao, después de hacer una inversión "de miles de euros entre la compra de terrenos, la elaboración del proyecto y el pago de licencias municipales y autonómicas", tenía ya "apalabrados 20 puestos de trabajo y una subvención de la Unión Europea para este fin".
Tras ver frustrada su iniciativa, al contemplar el plan elaborado por la Xunta para la conexión entre el Polígono y la A-52 que el vial pase por en medio de los terrenos que debía ocupar el camping, Outeiriño ha decidido manifestarse "todos los días ante el consistorio durante 15 minutos", empezando por esta mañana a las nueve.
Añade que "he propuesto a la Xunta un cambio de trazado que permitiría salvar el proyecto, que fue reconocido y calificado como Iniciativa Local de Empleo por la Administración autonómica".
El alcalde de San Cibrao, Pedro Fernández, reconoce que "había un informe favorable de la Consellería de Medio Ambiente y nosotros, en consecuencia, le autorizamos el proyecto; algo de razón tiene". En todo caso, el regidor considera que si alguien debe hacerse cargo de pagar daños y perjuicios, que el afectado cifra en 250.000 euros, "será la Consellería".
