El PSOE pide una investigación tras detectar que tampoco hay contrato firmado con la empresa.
El grupo del PSdeG en la Diputación compareció ayer para alertar acerca del estado del contrato del aparcamiento del CHUO, edificado en terrenos de la diputación en 1998 y que gestiona en la actualidad la empresa Georsa, aunque fue Copasa la primera adjudicataria de este espacio. Según su información, no existe el documento de contrato de la concesión, se permite publicidad en el recinto pese a que no está contemplada en el pliego de condiciones y, además, acumula múltiples quejas por el precio de utilización. Particularmente preocupantes son estas dos cuestiones, la segunda porque afecta a muchos usuarios y la anterior porque permite un lucro complementario a la concesionaria al margen de la legalidad vigente, según reconocieron en la institución provincial.
El portavoz socialista, Ignacio Gómez, aseguró que "non consta a existencia dun contrato que vincule á concesionaria coa Deputación", un hecho que agrava, explica, la situación del aparcamiento "máis caro da cidade de Ourense", que "nacera coa vontade de servizo público".
Gómez señaló, además, que entre la documentación proporcionada por el ente provincial "tampouco consta que exista un regulamento do servizo", por lo que manifestó sus dudas acerca de la correcta aplicación de las tarifas de uso del parking. No obstante, lo que sí figura es el canon anual que Georsa paga a la Diputación, que asciende a 49.200 euros, una cantidad "irrisoria" para Gómez.
Otro de los aspectos relativos a la gestión de este parking criticados por los socialistas es la situación de los convenios establecidos entre el Sergas y la Diputación que contemplan la cesión de 450 plazas de aparcamiento para el personal sanitario. "O último convenio que figura é de 2010, que contemplaba unha prórroga de dous anos, pero non existe ningún outro de 2012", señala el portavoz socialista, que advierte de una situación "completamente irregular".
Gómez anunció que el grupo del PSdeG solicitará al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, la creación de una comisión de seguimiento de esta situación contractual con el objetivo de aclarar la ausencia del contrato, "porque ao mellor hai outra documentación que non se nos quixo entregar, cousa que sería tamén moi grave". El portavoz advirtió que, en el caso de que esta comisión no alcance una decisión, "o grupo socialista podería emprender outro tipo de accións, que decidiríamos chegado o momento".
El secretario general de la Diputación, Francisco Cacharro, a quien el grupo de gobierno de la institución remitió para clarificar este asunto, aseguró que, en efecto, falta la formalización del contrato firmado en 1998 entre la Diputación y Copasa, lo que "no es más que una irregularidad administrativa sin importancia". "Esta adjudicación fue efectuada en pleno y eso ya le da validez legal", defendió.
Respecto a las quejas vertidas sobre las tarifas de uso del parking, Cacharro afirmó que su reducción "corresponde a una decisión política", a negociar con la empresa, pero habrá que mantener el equilibrio económico de la concesión y buscar fórmulas de compensación si la bajada de las altas tarifas rompe ese equilibrio económico y obliga a incumplir las condiciones de la concesión.
