Una sentencia judicial anuló hace meses su licencia porque el edificio en el que está situada carece a su vez de permiso de ocupación
La discoteca La Bull, ubicada en la Praza de Arturo Pérez Serantes, reabre este fin de semana tras nueve meses cerrada, después de que el Concello de Ourense le diese licencia municipal de apertura. Según ha informado el abogado del establecimiento, Feijóo Miranda, en cuestión de uno o dos días será firme el permiso de apertura que, dice, nunca debió perder, ahora que ya tiene las licencias de obra y actividad. El local llegó a ser precintado por orden judicial, afectado también por la situación irregular de todo el edificio.
De hecho, precisa el letrado que La Bull ha tenido que tramitar la licencia de ocupación de todo el inmueble; y ahora pretende una indemnización por los daños causados al establecimiento, por lo que ya ha presentado una reclamación patrimonial. Acusa al anterior gobierno socialista de "poner todo tipo de trabas" y agradece al actual, del PP, por desbloquear el expediente.
El establecimiento cumple ahora, asegura, con la normativa más exigente en materia de accesibilidad, seguridad e insonorización, "a diferencia de otros establecimientos similares que durante estos meses se han lucrado a costa del cierre del negocio".
Una sentencia judicial anuló hace meses su licencia porque el edificio en el que está situada carece a su vez de permiso de ocupación, un condicionante 'básico y necesario para la concesión de las posteriores licencias de actividad y apertura del local del bajo' del inmueble.
El proceso
Sostenía la resolución que, a pesar de que los permisos fueron precedidos de todos los informes técnicos y jurídicos favorables, debí prevalecer la jurisprudencia del Tribunal Superior (que emitió una resolución anterior en contra) , que entendía que, para dar al inmueble un uso residencial y comercial, se debía otorgar, antes, la licencia de ocupación al conjunto del edificio.
La situación irregular del inmueble, que llegó a ser declarado fuera de ordenación para evitar que se le cortara la luz y el agua por la ilegalidad de unos trasteros reconvertidos en uso residencial, agravó los problemas del establecimiento, que también tuvo que adaptarse a la nueva normativa. n
