Los técnicos alertan de que el Consello Consultivo abrió la puerta a posibles indemnizaciones

Siete reclamaciones del plan anulado llegaron al juzgado

El día antes de la aprobación inicial del nuevo Plan Xeral, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, quiso poner sobre la mesa las consecuencias del planeamiento aprobado en 2003 por el gobierno liderado por Manuel Cabezas y anulado en 2011 por el Tribunal Supremo.
Lo hizo con una rueda de prensa en la que compareció acompañada de técnicos y también de numerosas carpetas con las 40 reclamaciones por responsabilidad patrimonial que tuvo que afrontar el Concello. Precisamente ayer, la junta de gobierno tuvo conocimiento de las dos últimas resoluciones del Consello Consultivo sobre otras tantas reclamaciones, que también fueron denegadas.

Así, Soto explicaba ayer que hasta el momento el Concello se ha ahorrado 85,8 millones de euros, cantidad que se reclamaban. No obstante, no será hasta que finalice la vía judicial, a la que ya han recurrido siete de los reclamantes, un camino que podría continuar el resto. Así, según reconoce el propio Concello, en la mayoría de los casos, el Consello Consultiva 'ha dejado una puerta abierta al fundamentar la desestimación de las reclamaciones en el hecho de que no se ha concretado aún el daño causado por la anulación del Plan' al estar en tramitación el nuevo. Por lo tanto, concluyen los técnicos, 'no será hasta que se apruebe el mismo cuando se conozcan con carácter definitivo los daños reales causados por el cambio de planeamiento en la ciudad'.

De todas las reclamaciones presentadas, el Concello sólo reconoció el pago de una indemnización, a Proavia, que el Juzgado fijó en más de 2,5 millones de euros, por una parcela en las inmediaciones del Puente Nuevo, en A Ponte.

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