El Juzgado de lo Penal número 2 fue ayer escenario de una negociación entre las distintas partes implicadas que evitó que acabase en juicio la muerte de un paciente tras una operación quirúrgica. Hubo un acuerdo previo que consistió en 162.000 euros.
La familia de Gerardo González Iglesias, fallecido en 1999 en el Hospital Cristal-Piñor después de haber sido operado de un adenoma suprarrenal y posteriormente sufrir una infección que acabaría con su vida, optó por retirar la acusación contra tres de los doctores implicados en la atención médica, a los que imputaba una imprudencia grave con resultado de homicidio. Citadas las partes en el Juzgado de lo Penal número 2, después de más de dos horas de reunión entre los letrados de la familia, el Ministerio Fiscal, los representantes del Sergas y su compañía aseguradora, y el abogado de los acusados, se alcanzó un acuerdo que evitaba la celebración del juicio. El entendimiento se produjo entre la acusación particular y la aseguradora del Sergas, con la que acordaron el pago de una indemnización de 162.000 euros en favor de la familia.
La retirada de la acusación particular implica también la del fiscal, que en su caso estaba dirigida sólo contra uno de los médicos por una falta de imprudencia leve con resultado de muerte. Tal falta, únicamente es perseguible si media una denuncia de la persona agraviada o su representante. Toda vez que fue retirada, los médicos son exonerados de cualquier responsabilidad, evitando de ese modo incluso un juicio con conformidad.
La retirada de la acusación particular implica también la del fiscal, que en su caso estaba dirigida sólo contra uno de los médicos por una falta de imprudencia leve con resultado de muerte. Tal falta, únicamente es perseguible si media una denuncia de la persona agraviada o su representante. Toda vez que fue retirada, los médicos son exonerados de cualquier responsabilidad, evitando de ese modo incluso un juicio con conformidad.
