La denuncia de USO, que abarca a todos los miembros de la junta de gobierno local del Concello en julio del 2013, se basa en un posible delito de "prevaricación y malversación de fondos públicos"
Un juzgado de lo Penal decidirá si los miembros de la junta de gobierno del Concello de Ourense que el 4 de julio de 2013 acordaron nombrar a Carmen Rodríguez Dacosta como directora xeral de Recursos Humanos del Consistorio cometieron un delito de prevaricación y malversaron fondos públicos. Unión Sindical Obrera (USO) ha cumplido lo que prometió cuando recientemente lograba, en la vía contencioso administrativa del Tribunal Superior de Xustiza, anular el nombramiento de Carmen Dacosta, en una sentencia en la que los magistrados resaltaron que las condiciones para ocupar el puesto fueron hechas a su medida y que su elección se produjo incluso antes de que se acabara el plazo para que se presentaran candidaturas. Estas razones fueron claves para que el sindicato acudiese ahora a la vía penal, contra la junta de gobier- no, que preside el alcalde, Agustín Fernández.
USO asegura en la querella que el "único propósito" de los denunciados, "era el interés por mantener en sus funciones a una persona determinada" con una convocatoria "dirigida" a ser ocupada por una persona que hasta entonces, era concejala no electa. Fue, dice, una "actuación de maquinación orquestada políticamente" contraria a la legalidad "y los presuntos responsables conocían esa ilegalidad de su pretensión".
