Los responsables sindicales de USO y CIG, Julio Domínguez y Javier García Gago, respectivamente, en el Concello de Ourense formalizaron ayer en el Juzgado de Guardia una denuncia contra el alcalde, Agustín Fernández; la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, y la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, aunque los denunciantes apuntan que puede haber más implicados a lo largo de la investigación. La reiterada contratación de asistencias técnicas en Urbanismo es el objeto de la demanda, en la que los denunciantes ven posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Recuerdan que durante los últimos años se formalizaron contratos de asistencias técnicas con al menos cinco personas y esos contratos se prorrogaron en el tiempo pese a que la legislación vigente establece que no pueden ser superiores a un año. Incluso el interventor puso reparos a esos contratos y en otras tantas ocasiones, el alcalde los levantó, de ahí que haya sido denunciado.
Según la denuncia, los contratados por asistencias técnicas realizan su trabajo en el Concello cuando tendrían que hacerlo en sus despachos, siempre bajo la fórmula de contrato de servicios.
Este mismo año, los reiterados reparos del interventor obligaron a prescindir de esas asistencias técnicas, por lo que los contratados demandaron al Concello, logrando así el despido improcedente. El gobierno optó entonces por volver a contratarlos, en algunos casos, dice la denuncia, incluso antes de conocer las sentencias, porque lo habría hecho el 1 de junio, y con sueldos mayores a los que establecerían después los jueces en sus resoluciones de julio, agosto y septiembre.
Según la denuncia, los contratados por asistencias técnicas realizan su trabajo en el Concello cuando tendrían que hacerlo en sus despachos, siempre bajo la fórmula de contrato de servicios.
Este mismo año, los reiterados reparos del interventor obligaron a prescindir de esas asistencias técnicas, por lo que los contratados demandaron al Concello, logrando así el despido improcedente. El gobierno optó entonces por volver a contratarlos, en algunos casos, dice la denuncia, incluso antes de conocer las sentencias, porque lo habría hecho el 1 de junio, y con sueldos mayores a los que establecerían después los jueces en sus resoluciones de julio, agosto y septiembre.
