Al delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, le ha surgido otro incómodo frente judicial, esta vez como consecuencia de su actividad como máximo responsables del Gobierno gallego en la provincia. La demanda presentada por una trabajadora de la Xunta por vulneración de los derechos fundamentales, en concreto, por acoso laboral, le obliga a comparecer en el Juzgado de lo Social 3. La demanda, presentada el día 4 de este mes por M.M.P.F., también va dirigida contre el jefe territorial de la Consellería de Traballo e Benestar, José Selas, y contra el jefe de servicio Manuel Cobreiro.
La perjudicada, adscrita al personal laboral de la Xunta de Galicia, reclama que el juzgado de lo social reconozca que la conducta de los demandados vulneró el derecho de la trabajadora a la dignidad, igualdad y no discriminación.
Según asegura la demandante, está prácticamente relegada en el centro sociocomunitario de la calle Concejo, en donde está en la actualidad destinada, sin apenas trabajo ni cometidos. Por esta razón reclama una indemnización por todos los perjuicios (cuadros de estrés y ansiedad) y el daño moral provocado por el acoso ('mobbing') del que, según dice, está siendo víctima con la anuencia de sus superiores jerárquicos, una responsabilidad que se extiende al delegado Rogelio Martínez. La víctima, tal como plantea, se ve relegada a tareas rutinarias sin interés o incluso no se le asigna ningún trabajo.
El Juzgado de lo Social número 3, el órgano que asumió la tramitación, fijó para el jueves 14 la vista en la que ambas partes expondrán sus argumentos.
BENESTAR ASUME LA DEFENSA
Por su parte, el delegado territorial en Ourense, Rogelio Martínez, aseguró ayer que la demanda va dirigida contra la Consellería de Benestar y, por extensión, contra los responsables en Ourense aunque no estén directamente involucrados en el asunto. De hecho, será el servicio jurídico de la propia consellería, tal como confirmó, el que asuma la defensa de los demandados.
Martínez no quiso entrar en detalles sobre el contenido del asunto de índole social ya que, añadió, se aclarará durante la celebración de la vista oral.
Según asegura la demandante, está prácticamente relegada en el centro sociocomunitario de la calle Concejo, en donde está en la actualidad destinada, sin apenas trabajo ni cometidos. Por esta razón reclama una indemnización por todos los perjuicios (cuadros de estrés y ansiedad) y el daño moral provocado por el acoso ('mobbing') del que, según dice, está siendo víctima con la anuencia de sus superiores jerárquicos, una responsabilidad que se extiende al delegado Rogelio Martínez. La víctima, tal como plantea, se ve relegada a tareas rutinarias sin interés o incluso no se le asigna ningún trabajo.
El Juzgado de lo Social número 3, el órgano que asumió la tramitación, fijó para el jueves 14 la vista en la que ambas partes expondrán sus argumentos.
BENESTAR ASUME LA DEFENSA
Por su parte, el delegado territorial en Ourense, Rogelio Martínez, aseguró ayer que la demanda va dirigida contra la Consellería de Benestar y, por extensión, contra los responsables en Ourense aunque no estén directamente involucrados en el asunto. De hecho, será el servicio jurídico de la propia consellería, tal como confirmó, el que asuma la defensa de los demandados.
Martínez no quiso entrar en detalles sobre el contenido del asunto de índole social ya que, añadió, se aclarará durante la celebración de la vista oral.
