La Xunta pretende reducir su endeudamiento a cambio de entregar la autovía entre Santiago y Ourense a una concesionaria que asuma los 150 millones que le quedan por pagar de la infraestructura, aunque la adjudicataria recibirá después 1.552 millones hasta 2057 que le pagará la Administración.
El conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández anunció ayer -durante la presentación del presupuesto de su departamento en el Parlamento- que este año se realizarán las gestiones necesarias 'para librar á Xunta da carga financeira que lle ocasiona anualmente a autovía entre Dozón e Ourense'. Su objetivo es que la concesionaria asuma esa deuda de 150 millones, que dejará así de computar en el endeudamiento de la administración autonómica. Además, permitiría disolver la Sociedade Pública de Investimentos (de la que depende la autovía, después de que fuera traspasada desde otra sociedad pública, Aceousa), de cara a lograr un mayor ahorro en la Xunta.
La Xunta pretende también conseguir una reducción en el canon que tiene que pagar por la infraestructura. Así, el Gobierno autonómico suscribió en 2003 un convenio con la sociedad Aceousa para la construcción de la vía, que asumiría su gestión hasta el 31 de diciembre de 2057. Inicialmente, la vía iba a ser de peaje, pero posteriormente se acordó la supresión del pago, por lo que la Xunta abona a Aceousa (ahora a la SPI) un canon anual por su uso. Hernández cifró en 1.552 millones el gasto estimado hasta el fin de este plazo (que, además de dicho canon, incluye la amortización del préstamo, los intereses y mantenimiento de la vía). El conselleiro afirmó que pretende que el canon que se abone a la futura concesionaria sea si es posible menor al previsto.
Hernández añadió que este modelo es el mismo que se aplica en las restantes autovías de la Xunta (como las de Barbanza, Salnés, Brión y las que se están construyendo en Celanova y la Costa da Morte). Indicó que se pretende que la vía continúe sin peaje y que se mantenga la calidad del servicio.
La operación suscitó las críticas de la oposición. El socialista Sánchez Bugallo resaltó que su grupo 'nin respalda nin comparte' la decisión, porque entienden que alivia la carga económica da Xunta, pero la acabarán asumiendo los ciudadanos. Por su parte, la diputada nacionalista Ana Pontón advirtió que el BNG seguirá con atención esa operación 'para ver o que implica realmente e se o que se dixo hoxe é certo ou non'.
La Xunta pretende también conseguir una reducción en el canon que tiene que pagar por la infraestructura. Así, el Gobierno autonómico suscribió en 2003 un convenio con la sociedad Aceousa para la construcción de la vía, que asumiría su gestión hasta el 31 de diciembre de 2057. Inicialmente, la vía iba a ser de peaje, pero posteriormente se acordó la supresión del pago, por lo que la Xunta abona a Aceousa (ahora a la SPI) un canon anual por su uso. Hernández cifró en 1.552 millones el gasto estimado hasta el fin de este plazo (que, además de dicho canon, incluye la amortización del préstamo, los intereses y mantenimiento de la vía). El conselleiro afirmó que pretende que el canon que se abone a la futura concesionaria sea si es posible menor al previsto.
Hernández añadió que este modelo es el mismo que se aplica en las restantes autovías de la Xunta (como las de Barbanza, Salnés, Brión y las que se están construyendo en Celanova y la Costa da Morte). Indicó que se pretende que la vía continúe sin peaje y que se mantenga la calidad del servicio.
La operación suscitó las críticas de la oposición. El socialista Sánchez Bugallo resaltó que su grupo 'nin respalda nin comparte' la decisión, porque entienden que alivia la carga económica da Xunta, pero la acabarán asumiendo los ciudadanos. Por su parte, la diputada nacionalista Ana Pontón advirtió que el BNG seguirá con atención esa operación 'para ver o que implica realmente e se o que se dixo hoxe é certo ou non'.
