El 80% de los españoles, según concluye un estudio sociológico, considera prioritario mantener la sociedad del bienestar, aunque un 61,5% cree que, debido a la crisis, es necesario 'adoptar medidas para su reforma y reducir algunos servicios'. Según el estudio sobre la Sociedad del Bienestar, presentado ayer en Madrid, el 47,1% de los españoles llegó a la conclusión de que el nivel de prestaciones sociales 'ya no nos lo podemos permitir', de ahí que sean necesarias reformas y recortes en el gasto público.
Mil entrevistas telefónicas a españoles de todo el territorio nacional, realizadas a finales de marzo pasado, sirvieron a Tecel Estudio-Sigma Dos y a la Universidad Internacional de Valencia, un 'centro de pensamiento y análisis para aportar ideas a la sociedad', según su rector, Juan Manuel Badenas, para pulsar la opinión pública sobre la 'grave' situación por la que atraviesa España.
Y los resultados, según los promotores del estudio, les llevan a la conclusión de que 'si para hacer sostenible el Estado del bienestar en educación, sanidad, infraestructuras... es necesario dar participación al sector privado, adelgazando los costes del sector público, bienvenida sea la reforma'. 'Que las prestaciones -se destaca en las conclusiones- sean realizadas por entes públicos o privados es algo que a la inmensa mayoría de los ciudadanos parece importarle poco. Lo que quieren -se insiste- son prestaciones y servicios suficientes, y de calidad'.
Del estudio se desprende que tan sólo el 21,7% de los ciudadanos escapó hasta ahora de la crisis, ya que el 33,6% la sufre sin trabajo, el 67,3% confiesa que vio disminuir sus ingresos y el 6,6% dejó de percibir alguna ayuda pública, en forma de beca o subvención.
AYUDA ECONÓMICA
El 81,1% se vio obligado a reducir el gasto en el hogar, comprando menos o mirando más los precios, el 17,2% reconoce que tuvo que pedir ayuda económica a la familia y un 3,2 % no oculta que recurrió a instituciones como Cáritas u ONG. Los españoles, según el estudio sociológico, se muestran más partidarios de recortar el gasto público (37%) que de subir los impuestos y tasas (11,4%) para hacer frente a la crisis, si bien un 36,2 % asegura que ambas medidas son necesarias. Para recortar el gasto público y mejorar los ingresos del Estado, casi el 100% -exactamente el 99,2%- reduciría los gastos de los cargos públicos -coches oficiales, dietas...-, el 91,8% crearía un impuesto que gravara las grandes fortunas y muchos, el 91,1%, reduciría la estructura de las administraciones públicas. Casi el 50% suprimiría empresas públicas y el 45,8% aumentaría la jornada laboral de los funcionarios.
Y los resultados, según los promotores del estudio, les llevan a la conclusión de que 'si para hacer sostenible el Estado del bienestar en educación, sanidad, infraestructuras... es necesario dar participación al sector privado, adelgazando los costes del sector público, bienvenida sea la reforma'. 'Que las prestaciones -se destaca en las conclusiones- sean realizadas por entes públicos o privados es algo que a la inmensa mayoría de los ciudadanos parece importarle poco. Lo que quieren -se insiste- son prestaciones y servicios suficientes, y de calidad'.
Del estudio se desprende que tan sólo el 21,7% de los ciudadanos escapó hasta ahora de la crisis, ya que el 33,6% la sufre sin trabajo, el 67,3% confiesa que vio disminuir sus ingresos y el 6,6% dejó de percibir alguna ayuda pública, en forma de beca o subvención.
AYUDA ECONÓMICA
El 81,1% se vio obligado a reducir el gasto en el hogar, comprando menos o mirando más los precios, el 17,2% reconoce que tuvo que pedir ayuda económica a la familia y un 3,2 % no oculta que recurrió a instituciones como Cáritas u ONG. Los españoles, según el estudio sociológico, se muestran más partidarios de recortar el gasto público (37%) que de subir los impuestos y tasas (11,4%) para hacer frente a la crisis, si bien un 36,2 % asegura que ambas medidas son necesarias. Para recortar el gasto público y mejorar los ingresos del Estado, casi el 100% -exactamente el 99,2%- reduciría los gastos de los cargos públicos -coches oficiales, dietas...-, el 91,8% crearía un impuesto que gravara las grandes fortunas y muchos, el 91,1%, reduciría la estructura de las administraciones públicas. Casi el 50% suprimiría empresas públicas y el 45,8% aumentaría la jornada laboral de los funcionarios.
