Todas las comunidades autónomas han querido instalarse en Bruselas para conocer de primera mano las políticas comunitarias que les afectan, pero sólo cuatro de ellas -País Vasco, Cataluña, Galicia y Canarias- han mirado más allá de la capital belga e, incluso, tienen representación al otro lado del charco.
Si bien muchos gobiernos autonómicos tienen oficinas en Madrid que consideran representación en el exterior, sólo Bruselas concita la unanimidad de las comunidades a la hora de elegir el lugar donde ubicar una delegación de sus gobiernos, dado el interés de todos ellos por estar lo más cerca posible de las cocinas en las que se cuece la política de la Unión Europea.
Pero a algunas comunidades el interés económico y la relación con los paisanos que han emigrado les ha llevado a instalar oficinas al otro lado del Atlántico, especialmente en Latinoamérica, o en países comunitarios como Francia, Alemania o Reino Unido.
Es el caso del País Vasco, que, además de la de Madrid, dispone de otras ocho delegaciones en el exterior: Bruselas, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Francia, en cuyo mantenimiento se gasta el gobierno autonómico 5,1 millones de euros.
Una cifra a la que se sumarán los 1,2 millones que se dedicarán a la apertura este año de una nueva oficina en un lugar todavía no decidido, si bien se barajan tres: Canadá, Berlín o Londres.
Cataluña es la segunda comunidad con más oficinas de este tipo, en concreto cinco: Bruselas, Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, todas ellas dependientes de la Secretaría de Asuntos Exteriores, órgano que este año contará con un presupuesto de 67 millones de euros.
La proyección de Cataluña en el exterior y el apoyo a la comunidad catalana residente en esos países son los objetivos de estas delegaciones de la Generalitat, que proyecta otras todavía no concretadas.
Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina) son las ciudades que la Xunta de Galicia ha elegido para ubicar sus oficinas debido a la fuerte presencia de emigrantes gallegos en ambos países, a las que hay que añadir la Fundación Galicia-Europa que funciona en Bruselas desde 1988.
No descarta la Xunta abrir más oficinas, pero de momento las de Buenos Aires, con un presupuesto de 513.783 euros para este año, y la de Montevideo (280.649) colman las aspiraciones del gobierno autonómico.
A Canarias el interés por los asuntos comunitarios también le ha impulsado a tener representación en Bruselas, pero los vínculos que siempre ha mantenido con Venezuela justifican su oficina en Caracas, también instalada hace más de diez años.
Esta comunidad ha previsto abrir a finales de año otras dos delegaciones: una en Praia (Cabo Verde) y otra en Agadir (Marruecos), en la que se tratará de incluir las oficinas comerciales del gobierno canario en el país magrebí.
Del resto de las comunidades autónomas, sólo Extremadura tiene intención de sumar una oficina a la que dispone en Bruselas. En este caso, el objetivo es abrir este año una en Lisboa para potenciar las relaciones y la cooperación internacional con el país vecino.
Veinticuatro años tiene ya la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, que, con un presupuesto algo superior al medio millón de euros, sirve de órgano promocional de la región en el exterior y de seguimiento de las decisiones comunitarias.
Igualmente, la Comunidad Valenciana dispone desde 1989 de una oficina en la capital belga, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, si bien la región cuenta con el Instituto Valenciano de la Exportación con 28 oficinas en más de 20 países.
Otras regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid se han instalado en la capital comunitaria -la primera de ellas en 2008-, pero el deseo de captar inversiones las ha llevado, como en el caso de la Comunidad madrileña, a participar con las cámaras de comercio en una red de oficinas promocionales en diversos países del mundo.
Junto a estas comunidades, otras como Navarra, Asturias o Murcia han montado oficinas en Bruselas y en Madrid para, entre otras funciones, apoyar a sus gobiernos en su relación con el resto de administraciones.
Respecto a la posibilidad de abrir más oficinas a corto plazo, ninguna de estas comunidades ha previsto hacerlo, al igual que las de Baleares, Cantabria y La Rioja, que sólo están representadas en Bruselas.
Pero a algunas comunidades el interés económico y la relación con los paisanos que han emigrado les ha llevado a instalar oficinas al otro lado del Atlántico, especialmente en Latinoamérica, o en países comunitarios como Francia, Alemania o Reino Unido.
Es el caso del País Vasco, que, además de la de Madrid, dispone de otras ocho delegaciones en el exterior: Bruselas, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Francia, en cuyo mantenimiento se gasta el gobierno autonómico 5,1 millones de euros.
Una cifra a la que se sumarán los 1,2 millones que se dedicarán a la apertura este año de una nueva oficina en un lugar todavía no decidido, si bien se barajan tres: Canadá, Berlín o Londres.
Cataluña es la segunda comunidad con más oficinas de este tipo, en concreto cinco: Bruselas, Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, todas ellas dependientes de la Secretaría de Asuntos Exteriores, órgano que este año contará con un presupuesto de 67 millones de euros.
La proyección de Cataluña en el exterior y el apoyo a la comunidad catalana residente en esos países son los objetivos de estas delegaciones de la Generalitat, que proyecta otras todavía no concretadas.
Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina) son las ciudades que la Xunta de Galicia ha elegido para ubicar sus oficinas debido a la fuerte presencia de emigrantes gallegos en ambos países, a las que hay que añadir la Fundación Galicia-Europa que funciona en Bruselas desde 1988.
No descarta la Xunta abrir más oficinas, pero de momento las de Buenos Aires, con un presupuesto de 513.783 euros para este año, y la de Montevideo (280.649) colman las aspiraciones del gobierno autonómico.
A Canarias el interés por los asuntos comunitarios también le ha impulsado a tener representación en Bruselas, pero los vínculos que siempre ha mantenido con Venezuela justifican su oficina en Caracas, también instalada hace más de diez años.
Esta comunidad ha previsto abrir a finales de año otras dos delegaciones: una en Praia (Cabo Verde) y otra en Agadir (Marruecos), en la que se tratará de incluir las oficinas comerciales del gobierno canario en el país magrebí.
Del resto de las comunidades autónomas, sólo Extremadura tiene intención de sumar una oficina a la que dispone en Bruselas. En este caso, el objetivo es abrir este año una en Lisboa para potenciar las relaciones y la cooperación internacional con el país vecino.
Veinticuatro años tiene ya la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, que, con un presupuesto algo superior al medio millón de euros, sirve de órgano promocional de la región en el exterior y de seguimiento de las decisiones comunitarias.
Igualmente, la Comunidad Valenciana dispone desde 1989 de una oficina en la capital belga, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, si bien la región cuenta con el Instituto Valenciano de la Exportación con 28 oficinas en más de 20 países.
Otras regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid se han instalado en la capital comunitaria -la primera de ellas en 2008-, pero el deseo de captar inversiones las ha llevado, como en el caso de la Comunidad madrileña, a participar con las cámaras de comercio en una red de oficinas promocionales en diversos países del mundo.
Junto a estas comunidades, otras como Navarra, Asturias o Murcia han montado oficinas en Bruselas y en Madrid para, entre otras funciones, apoyar a sus gobiernos en su relación con el resto de administraciones.
Respecto a la posibilidad de abrir más oficinas a corto plazo, ninguna de estas comunidades ha previsto hacerlo, al igual que las de Baleares, Cantabria y La Rioja, que sólo están representadas en Bruselas.
