Inmigrantes en Ourense se ven obligados a dejar su trabajo por la ley de extranjería

La población extranjera en Ourense ha crecido hasta representar el 15% del censo provincial. Miles de personas llegadas de distintos países se han establecido en distintas localidades de la provincia para rehacer su vida e incorporarse al mercado laboral. Pero, desde noviembre del año pasado, una parte importante de esa bolsa de población se ha visto obligada a dejar sus trabajos y volver a un ”limbo legal” para poder cambiar su situación residencial antes del 20 de mayo de 2025.

Esa fecha entrarán en vigor las modificaciones de la Ley de Extranjería, donde, por una parte, se amplían los visados que podrá solicitar una persona que quiera entrar en España, y por otro introduce nuevos supuestos por los que un emigrante puede obtener un permiso de residencia y trabajo a través de la figura del arraigo, que permitirá a extranjeros en situación irregular regularizar su estancia en España basándose en los vínculos establecidos en el país.

"O cambio de status implica a renuncia ó posto de traballo, porque sen a petición de asilo, pérdese o dereito a traballar"

Pero esas nuevas fórmulas siguen sujetas al requisito de “previa irregularidad”, lo cual afecta muy especialmente a quienes se han establecido en la provincia a través de una solicitud de asilo político y humanitario, afectando especialmente a la población colombiana y venezolana, que gracias a esta fórmula tiene permiso de residencia o trabajo. El 20 de mayo, con la entrada en vigor de la nueva normativa, también se perderá la posibilidad de que estos ciudadanos extranjeros puedan justificar un permiso de residencia gracias a su tiempo de estancia, lo cual les sitúa en un dilema.

La encrucijada

“Un estranxeiro non pode ter dúas tramitacións de residencia activas ó mesmo tempo”, explica el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos. “Moitos residentes en Ourense chegaron á provincia facendo unha solicitude de asilo, que outorga permiso de traballo e residencia mentres se determinan se as súas circunstancias se axustan ou non. Con ese permiso, un estranxeiro pode empadroarse e traballar, pero só ata que a súa petición se resolva”.

Santos continúa explicando que la encrucijada parte del hecho de que muchos de estos emigrantes, debido al atasco burocrático, están empezando a cumplir los requisitos para solicitar el arraigo, pero para ello “deben retirar a petición de asilo, e abrir un proceso de arraigo. E cando retiran esa petición, perden tamén o permiso de traballo e residencia ata que se resolve esta segunda petición”. Por ese motivo, muchos forasteros residentes en Ourense se ven obligados a dejar sus trabajos para poder hacer este trámite durante un periodo que va de uno a tres meses.

“Este cambio de status implica a renuncia ó posto de traballo, porque a partir da renuncia á petición de asilo pérdese tamén o dereito ó traballo. E aínda que ten todos os seus dereitos garantizados, é un problema estratéxico onde cada caso é individual”, asegura el subdelegado del Gobierno.

Una elección

El escenario resultante es que al extranjero residente en Ourense se le presenta una elección: permanecer como solicitante de asilo político o humanitario -y arriesgarse a que el Estado español determine que no es su caso-, o bien retirar esa petición de asilo e intentar acceder a la residencia por arraigo.

Una elección donde el tiempo juega en su contra, pues desde del 20 de mayo, cuando entre en vigor la nueva ley no podrá beneficiarse del tiempo de estancia que haya pasado en la provincia, y deberá pasar dos años sin poder trabajar hasta que pueda solicitarlo de nuevo.