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Javier Maíllo, coordinador del programa Teranga -que realiza una acogida integral al emigrante- dentro de la Fundación Juan Soñador, considera que el mayor problema es “la incertidumbre sobre lo qué hacer en este momento”. El trámite pasaría a depender de la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid a las delegaciones de Extranjería de cada provincia. “Y no sabemos si estas están preparadas para recibir un incremento de peticiones o si veremos nuevas saturaciones. Sin refuerzo de personal, el atasco pasará de una oficina a otra”, añade.
Otro de los aspectos que señala Maíllo es que “en caso de que a un emigrante vea denegada su petición de asilo, perderán también el cómputo del tiempo que ha trabajado en España. Y es una resolución que depende de muchos factores, mientras que en el caso del arraigo, sólo han de acreditarse una serie de requisitos cuantificables, y es más fácil anticipar una resolución favorable”. Aún así “se van a generar nuevas situaciones de vulnerabilidad, porque mucha gente no podrá trabajar durante meses, y no tienen garantizado el poder volver después a su puesto de trabajo”.
Entre las nacionalidades más afectadas, Maíllo enumera “Venezuela y Colombia. De cada 100 personas que atendemos, 55 son de esos países”.
La Fundación Juan Soñador ha observado, asimismo, que muchas de las personas con las que trabajan han recibido a través de las redes sociales desinformación al respecto. “Por el boca-oreja, o por vídeos de internet se han esparcido muchos bulos al respecto”, apunta Maíllo.
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