La Audiencia de Granada imputa a Juana Rivas por sustracción de su hijo menor y se agrava la tensión familiar

La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado abrir una investigación contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores tras no haber facilitado la devolución de su hijo menor, Daniel Arcuri, de 11 años, a su padre, Francesco Arcuri, tal y como ordenaron los tribunales italianos. Esta decisión llega apenas horas antes de la fecha límite para que Rivas entregue al niño, y en un contexto de máxima tensión familiar y judicial.

El auto del tribunal granadino atribuye a Juana Rivas una “manifiesta voluntad por incumplir” la orden dictada en febrero pasado por la justicia italiana, que concedió la custodia de Daniel a su padre y ordenó su regreso a Carloforte, en Cerdeña. La Audiencia ha admitido parcialmente el recurso interpuesto por Arcuri contra el archivo previo de la denuncia por sustracción presentada en mayo.

Paralelamente, el hijo mayor de Rivas, Gabriel Arcuri, de 19 años, ha denunciado públicamente a su padre y a una psicóloga por coaccionar a su hermano menor para que regresara a Italia. Según la denuncia a la que ha tenido acceso este medio, el menor fue sometido a un “durísimo interrogatorio” en el que se le presionó para aceptar la convivencia con Arcuri, pese a que Daniel manifestó en reiteradas ocasiones su voluntad de no volver.

Gabriel Arcuri ha enviado cartas a diversas autoridades españolas y organismos internacionales, entre ellos el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Save the Children, solicitando ayuda para impedir el retorno de Daniel a Italia. En sus misivas, relata los años de supuestos malos tratos sufridos bajo la tutela de su padre y denuncia que la justicia italiana ya retiró la custodia a Francesco Arcuri en el pasado por estos motivos.

Juicio pendiente por maltrato en Italia

La situación se complica aún más ante la proximidad del juicio por presunto maltrato que Arcuri afrontará en Italia en septiembre. La justicia española, sin embargo, ha desestimado investigar a Rivas por un delito de maltrato, argumentando que, aunque se hayan producido daños psicológicos en el menor, no se ha probado que hayan sido causados intencionadamente por la madre.

El Centro de la Mujer de Maracena ha pedido al Ministerio de Justicia que suspenda la entrega del menor a su padre hasta que concluya el juicio por maltrato en Italia, basándose en el interés superior del niño y el Convenio de La Haya. El Ministerio estudia la solicitud sin dar respuesta aún.

Por otro lado, el abogado de Francesco Arcuri cuestiona la autenticidad de las cartas de los hijos y afirma que ningún organismo español puede impedir una orden judicial extranjera. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que protegerán al menor dentro de sus competencias, pero sin interferir en las decisiones judiciales, y ha pedido evitar que el caso se convierta en un espectáculo mediático. La tensión sigue aumentando a medida que se acerca la fecha para la entrega del niño.