El hijo de Juana Rivas no quiere regresar a Italia con su padre

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada aplazó hasta el viernes la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, quien tiene la custodia legal dictada por un tribunal italiano. La decisión se tomó después de que el menor, en el punto de encuentro familiar, manifestara tener miedo de volver con su padre y dijera entre lágrimas que teme que lo pueda “matar”.

El niño permaneció más de tres horas en las dependencias junto a su hermano mayor y bajo asistencia psicológica. Tras el intento fallido de entrega, regresó con su madre hasta que pueda completarse la ejecución judicial. Juana Rivas necesitó atención médica y fue trasladada en ambulancia por una crisis de ansiedad. Francesco Arcuri está siendo investigado en Italia por supuestos malos tratos en el ámbito familiar, y hay fijada una vista judicial en ese país el próximo 18 de septiembre.

El juzgado convocó para este miércoles a las partes y al Ministerio Fiscal para estudiar cómo ejecutar la entrega respetando el interés superior del menor, evitando cualquier tipo de coacción. Según la resolución judicial, “se acuerda la devolución del menor a la progenitora con la que se encontraba residiendo” y se recalca que “es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción”. Juana Rivas deberá realizar la entrega del menor el próximo viernes 25 de julio en las condiciones que se determinarán tras recibir un nuevo informe técnico.

El caso ha generado gran repercusión social y mediática, pues pone en evidencia la complejidad que conlleva la ejecución de sentencias internacionales cuando existen denuncias de violencia. Además, la situación ha generado un debate sobre el bienestar emocional y psicológico del menor, que las autoridades intentan proteger mediante la intervención de profesionales especializados.

Cautela judicial

La demora en la entrega refleja la cautela judicial para garantizar que el traslado del niño se realice con las máximas garantías de seguridad y respeto a sus derechos. Los próximos días serán decisivos para determinar el desarrollo de este proceso y el posible impacto en el entorno familiar.

Por su parte, organizaciones de derechos infantiles y algunos colectivos sociales han mostrado su preocupación por la situación del menor, reclamando que se priorice siempre su protección y bienestar emocional ante cualquier resolución judicial. También han pedido que se tomen medidas efectivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, insistiendo en la necesidad de protocolos claros y sensibles para estos casos de custodia internacional.