Ángel Víctor Torres abre la puerta a una reforma de la Ley de Memoria Democrática para acceder a la nacionalidad aunque lo supedita "a las mayorías parlamentarias"

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres abrió la puerta este jueves a incluir, nuevamente, el acceso a la nacionalidad para los descendientes en una futura reforma de la Ley de Memoria Democrática, que modifique la normativa vigente para abrir un nuevo y definitivo plazo para optar a la nacionalidad. No obstante, reconoció que para cualquier modificación legislativa se necesitan "mayorías en el Parlamento", y en la actual aritmética parlamentaria resultaría compleja cualquiera de estas posibilidades.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se pronunció así durante un multitudinario encuentro con la colectividad española en el Centro Galicia de Buenos Aires, donde recordó que el próximo 22 de octubre expira el plazo para solicitar la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática 20/2022 (LMD), que contemplaba en la disposición adicional octava, un plazo de dos años para acceder a la nacionalidad, prórrogable a un tercero como máximo.

La prórroga del tercer año, se aprobaba en Consejo de Gobierno y publicaba en el BOE el pasado 9 de julio de 2024. Cinco meses después de que el propio Ángel Torres, anunciara la extensión para optar a la nacionalidad española que la LMD reconoce, tanto a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, así como las personas que sean hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Torres destacó que esta norma supuso “un avance fundamental” al permitir que los descendientes de exiliados pudieran recuperar la ciudadanía de su país de origen. “España tiene una deuda que dura demasiado con aquellos héroes y heroínas que defendieron la democracia hasta el último aliento. Unos, sacrificando su vida o su libertad; otros, con el exilio”, subrayó.

Desde la entrada en vigor de la ley, cerca de 900.000 personas - según Moncloa - han iniciado trámites en los consulados españoles de todo el mundo. El de Buenos Aires concentra, según las mismas fuentes, el 40% de las solicitudes, unas 370.000 en total, de las cuales 174.277 ya han sido resueltas favorablemente.

Acompañado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la directora general de Ciudadanía Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo, y el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, entre otras autoridades, Torres aseguró que “todas las solicitudes serán atendidas y se tramitarán sus expedientes”.

Finalmente, el ministro insistió en la necesidad de seguir avanzando hacia una legislación definitiva que dé continuidad a este reconocimiento: “Es la quinta ocasión en la que abrimos una ventana para optar a la nacionalidad. Ahora el reto es garantizar que este derecho quede plenamente consolidado para las futuras generaciones de descendientes”.