Intervenir el libre mercado de la vivienda y topar los precios, únicamente derivará en que descienda la oferta y aumenten los precios. La próxima aprobación de la Ley de Vivienda estatal, tal como esta redactada, únicamente creará más inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación, al tiempo que aumentará considerablemente el galimatías normativo en materia de vivienda y, por supuesto, es una intervención de facto del libre mercado en nuestro país. ¿En base a qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? ¿Qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios? No, la vivienda no es un mercado persa, por mucho que se empeñe el actual Gobierno bipartito de tratarla como tal.
No se trata ni de colores políticos ni de ideologías de ningún tipo; se trata de coherencia, sentido común y conocimiento de la problemática -en cuanto a vivienda se refiere- de la España real, sin más.
Y es que esta Ley invade claramente las competencias de Galicia y, además y bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que la recurrirá. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que para darle un encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo Estatal y Autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías tal como propone el Ejecutivo. Y por supuesto también se tendría que modificar la Ley de Haciendas locales. En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva. En conclusión: preocupación e incertidumbre por el nuevo despropósito de esta nueva Ley de Vivienda, difícil de comprender, ya que todo ello significa una intervención de facto del mercado cuestionando incluso la propiedad privada y la libertad de empresa. También esta ley sería, a mi entender, anticonstitucional, al laminar el libre derecho de la propiedad privada recogido en el artículo 31 de la Constitución. Y en este punto quiero dejar claro que la aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las Comunidades Autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en las de los Ayuntamientos. Además, no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación e incentivos fiscales para bajar los precios. No es creíble, y lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE.
Tiene que haber un mercado único de vivienda y hay que reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad. Y lo que espero de las nuevas legislaciones al respecto es que vayan hacia una tendencia más flexible y liberalizadora. En nuestro sistema jurídico, la Ley del Suelo es nuestra Ley de Vivienda, porque el artículo 47 de la Constitución lo que empodera a las Administraciones públicas es a salvaguardar el derecho de la vivienda de todos los ciudadanos actuando sobre el suelo. Luego la Ley del Suelo es la que determina todo tipo de reservas y cesiones necesarias para destinar un terreno a vivienda asequible, y precisamente eso es de lo que carecemos.
En definitiva: normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, y sobre todo dos palabras clave: seguridad jurídica.
