La responsabilidad de un Gobierno es legislar correcta y acertadamente para beneficiar a la sociedad. Y legislar sin rigor, sin coherencia y sin los conocimientos suficientes, lo que puede es ocasionar un tremendo perjuicio irreparable a la ciudadanía en general. Esto último es lo que ha hecho, y sigue haciendo Unidas Podemos, con el beneplácito y apoyo del PSOE, aunque ahora se rasgue las vestiduras en un año electoral donde Sánchez y sus acólitos se lo juegan todo. Y no solamente me estoy refiriendo a la tremenda aberración legislativa que ya ha permitido que más de 500 condenados por delitos de agresión sexual se hayan beneficiado de ello -al amparo de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual-, provocando una masiva reducción de las penas de cientos de condenados y la puesta en libertad antes de tiempo de varios de ellos, bien sea porque solicitan la revisión de sus penas o porque los nuevos condenados lo son con la aplicación de una ley que fija horquillas inferiores del tiempo de las condenas. Pero aún así, siguen sin ser capaces de corregir en tiempo y forma tamaño error. Para hacérselo mirar, en fin.
Y es que las “anomalías legislativas” no finalizan aquí, ni mucho menos. Continúan con nuevas leyes como la Ley de Bienestar y Protección Animal. Todo lo que tocan lo destrozan. Pues bien, con esta Ley, en vez de mejorar la vida, salud, y seguridad de nuestras mascotas y su disfrute, pues lo enrevesan y penalizan todo de tal manera que únicamente van a provocar el efecto contrario, al igual que la ya tan tristemente conocida Ley del “solo sí es sí”.
Lo que no legislan es contra la okupación de una propiedad privada, eso no. Por ello mismo me quiero hacer eco en estas líneas de la denuncia colectiva, ante la Unión Europea, por parte del colectivo de afectados por la okupación de sus propiedades . En dicha denuncia se solicita a las autoridades europeas que se compruebe la validez de los decretos aprobados por el Gobierno bipartito, y que presuntamente vulneran derechos fundamentales como el de la propiedad. Y es que éstas y otro tipo de medidas aprobadas por este Gobierno han derivado en una considerable disminución de viviendas en el mercado, las cuales son retiradas por sus propietarios ante la inseguridad jurídica reinante. Una buena prueba de ello es que el alquiler de habitaciones está cogiendo mucha fuerza debido al elevado precio y a una oferta menguante, marcando mínimos históricos de stock de oferta por debajo de las 3.000 viviendas en arrendamiento en el conjunto de los 313 ayuntamientos de Galicia. El alquiler de habitaciones se está generalizando, especialmente entre los jóvenes que se quieren independizar, pero no disponen del dinero suficiente para hacerlo en una vivienda individual. ¿Las causas?:
Desconfianza absoluta de los propietarios hacia una próxima ley estatal de vivienda que las deja en una situación de inseguridad jurídica. Derivación de viviendas de alquiler tradicional hacia el alquiler de viviendas vacacionales, por rentabilidad y seguridad. Falta de incentivos y bonificaciones fiscales a los propietarios. La prohibición transitoria de repercusión del IPC en la renovación de contratos de alquiler. Una ley de vivienda intervencionista. El aviso de penalización a las viviendas vacías, o la limitación de precios.
Conclusión final: legislar no es un juego.
