El señalamiento realizado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llamando “empresario capitalista despiadado” a Juan Roig, propietario de Mercadona, una de las cadenas de alimentación más conocidas de España, es un hecho grave. Anómalo. Colocar en la picota a un ciudadano señalándole por su nombre es impropio de quien tiene asiento en el Consejo de Ministros de un país democrático.
En esta cadena de supermercados trabajan más de 90.000 personas y la empresa como tal paga sus impuestos. No hay reproche por ese lado. El exabrupto de la ministra Belarra está relacionado con el incremento de los precios de los productos a la venta en Mercadona. Aumento de precios que en estos supermercados es similar a los de otras grandes superficies cuyos productos de alimentación -como casi todo lo puesto al consumo- están siendo afectados por el incremento de costes de prácticamente todo cuanto nos rodea: desde los carburantes a la electricidad pasando por el transporte. Todo ha subido -los desajustes generados por la crisis energética en razón de la guerra de Ucrania son el telón de fondo de un retablo económico en el que también juega un papel la política de impuestos que guía al Ejecutivo del que forma parte la señora Belarra. Una porción importante del precio del litro de gasoil o el de la gasolina son impuestos. Por no señalar el IVA que grava la carne, el pescado o las conservas o el elevado IRPF.
Con menos impuestos a todo cuanto hacemos y nos rodea bajaría el importe de la cesta de la compra. De eso no habla la ministra ni tampoco de reducir el número de asesores contratados por su Ministerio entre cabezas afines a pesar de que el Estado dispone de una abultada nómina de expertos en todas las materias.
El señalamiento, por su nombre, al empresario que dirige con notable éxito social Mercadona hunde sus raíces en una pulsión profundamente dañina. Es la visita del rencor. La letra la pone la demagogia y la música la sirve el oportunismo político. La inoculación del rencor social es un recurso muy del gusto de los populismos. Tiene detrás mucha historia. Expende argumentos fáciles para consuelo de quienes sufren las consecuencias de las dificultades económicas debidas a la crisis. En un sistema democrático los señalamientos a las personas a las que se endosa etiquetas infamantes, no son de recibo. El daño ya está hecho, pero no estaría de más que el presidente del Gobierno desautorizara a su ministra. Aunque solo fuera porque necesitamos seguir creyendo que España es una democracia.
