Los que más saben de esto creen que llega tarde, pero es vital para salvar lo que aún queda en pie del sector mar-industria. La ley de Costas de Galicia viene a ser la tabla de salvación a la que podrán agarrarse las pocas empresas que aún siguen en funcionamiento a pie de mar y que padecen una enorme inseguridad jurídica, permanentemente amenazadas por una política proteccionista un tanto arbitraria, inspirada en realidades ajenas a la singular configuración del litoral gallego, que poco o nada tiene que ver con los desmanes perpetrados en el Levante o el Sur de España. Además, el nuevo marco legal quiere dar respuesta al desafío que plantean las edificaciones abandonadas, que podrán ser adaptadas para uso turístico de modo que no haya necesidad de construir otras nuevas, con una demanda en crecimiento que se debería racionalizar para atenuar el impacto sobre los ecosistemas y para evitar desaguisados como los perpetrados, a golpe de “pelotazo”, en no pocas zonas de la fachada mediterránea.
Un grupo de profesores de la Universidad de A Coruña es quien redactó el anteproyecto de la nueva ley partiendo de la constatación de que, tras cuatro décadas de autogobierno, la administración gallega dispone del conocimiento y tiene las competencias para gestionar su costa. En cuanto a que es legalmente competente, a los expertos de la UDC no les cabe duda, porque a su entender la nueva ley es además respetuosa con las competencias del Estado o de los ayuntamientos y con las normas sectoriales en vigor. En eso coinciden con los letrados de la Xunta y con el Consello Consultivo de Galicia. Todos entienden que no es preciso reformar el Estatuto, del mismo modo que concuerdan en la necesidad de reclamar de Madrid el traspaso de los medios y los servicios para que desde San Caetano se puedan ejercer las competencias en cuestión.
Así las cosas, los socialistas gallegos están en una posición incómoda ante la actitud del Gobierno, frontalmente contraria a la nueva norma, a la que un alto cargo de Medio Ambiente llegó a tildar como “casi una declaración de independencia”, ahí es nada. Algunos sectores -los más autonomistas- del Pesedegá verían con buenos ojos la posibilidad de un gran pacto de país entorno a futura ley del litoral. Pagaría la pena intentarlo por lo mucho que está en juego, pero, a diferencia de lo sucedido en otros asuntos, en este caso no tienen margen de maniobra. Y es que la dirección gallega del partido no está en condiciones de discrepar de las taxativas directrices ministeriales, a pesar de la evidencia de que en este ámbito a Galicia se le aplica un trato distinto del dispensado a otras comunidades, con gobiernos afines o en sintonía política con Moncloa.
Por su parte, el Benegá también está convencido de que el Estatuto otorga a Galicia plena capacidad legal en la ordenación de su franja costera. En eso coincide con la Xunta y el PP, aunque ve a populares y socialistas enrocados en sus disputas partidistas. Buscando un espacio propio en este debate, los nacionalistas tiran por la calle de en medio con una proposición no de ley para demandar del gobierno central la cesión a Galicia de los recursos humanos y materiales que le permitan la gestión efectiva del dominio público marítimo terrestre. Es un hábil movimiento táctico que no les compromete a apoyar la futura ley del litoral, para ellos “papel mojado” si no hay capacidad para hacerla cumplir. Lo más probable es que a la hora de la verdad se abstengan porque, además de no fiarse del PP y desconfiar de sus auténticas intenciones (tal vez salvar el emplazamiento de Ence en la ría de Pontevedra), creen necesario abrir un gran debate social, no sólo económico, para saber lo que de verdad quieren hacer los gallegos con sus mil quinientos kilómetros de borde costero. Porque no está tan claro.
