El pacto entre el PP y el PSOE para los nombramientos del presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional ha funcionado como un reloj y los magistrados de la mayoría conservadora han votado en bloque tanto a Juan José González Rivas para el primer cargo, como a Encarnación Roca para el segundo, y el conato de protesta que alzaron al saber el nombre elegido por los partidos, que desplazaba a Andrés Ollero que en algunos momentos aparecía como el candidato preferido tanto por sus compañeros como por el PP, ha quedado en nada.
Andrés Ollero tenía en su contra que ha sido diputado en Cortes por los populares en varias legislaturas, porque el presidente saliente, Francisco Pérez de los Cobos, llegó al TC siendo todavía militante del Partido Popular y pagó las cuotas incluso siendo magistrado. El salto de un militante a un diputado era un paso que los socialistas vetaron de manera fulminante.
Tras la renovación de un tercio de los magistrados por el Senado, la composición del tribunal queda en una proporción de ocho a cuatro entre conservadores y progresistas, una denominación que molesta profundamente a los integrantes del TC, pero que viene dada por la procedencia de su nominación para su elección o designación, en lo que es un ejemplo paradigmático de la politización de la justicia a la que no se ha sabido, por ahora, dar solución.
El nuevo presidente del TC es de orientación claramente conservadora por el tenor de sus posiciones con respecto a algunos de los asuntos sociales que más polvareda han levantado en los últimos años –matrimonio homosexual, ley del aborto (pendiente de la sentencia sobre el recurso del PP por la ley Aído), educación para la ciudadanía…-. La vicepresidenta Encarnación Roca fue propuesta por un acuerdo entre el PSOE y CiU, es una de las pocas mujeres que han pasado por el Alto Tribunal, y en las últimas ocasiones su voto se ha sumado al de la mayoría conservadora. Además es catalana, aunque este guiño no hará mucha mella en los soberanistas dispuestos a llevar el desafío a las leyes y en especial a este tribunal hasta las últimas consecuencias.
De hecho la unanimidad con la que han sacado adelante todas las decisiones respecto al proceso independentista catalán ha sido uno de los méritos de la actuación del TC en la última etapa, y nada hace suponer que no vaya a seguir siendo así. Ahora bien, la advertencia de Pérez de los Cobos en su despedida, de que el TC no puede resolver por sí solo ese expediente y que se necesita el impulso político para hacerlo, no debe caer en saco roto.
Apenas han tomado posesión los nuevos altos cargos el TC desde Cataluña llegaban las noticias de la aprobación en el Parlament de Cataluña del proyecto de presupuestos del Govern para 2017, en los que se incluyen los fondos para la realización de un referéndum independentista pese a las advertencias jurídicas de su inconstitucionalidad, por lo que el asunto no tardará en llegar al AltoTribunal por un nuevo caso de desobediencia a sus decisiones.
Desobediencia que también ha estimado el Tribunal Supremo sobre Francesc Homs, pero de forma más benévola que el TSJ de Cataluña con respecto a su jefe Artur Mas, aunque en este caso la inhabilitación del actual diputado de Junts pel Sí se podrá aplicar de forma inmediata por ser sentencia firme.
