A medida que el tiempo se echa encima, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha comenzado a mandar señales explícitas de que se encuentra inmerso en la preparación de un ‘plan B’ del que siempre ha negado su existencia y que habrá de sustituir al referéndum independentista que no se va a celebrar. Como supone un giro de 180 grados en sus intenciones a lo largo de los dos últimos años el viraje no puede ser radical sino paulatino, y por eso ha enviado por delante a la vicepresidenta de su gobierno y a algún consejero menos comprometido con el proceso soberanista para que allanen el camino.
El presidente catalán explicita, cada vez de forma más abierta, que no va a sacar las urnas a la calle si el TC anula la convocatoria del referéndum basada en la legalidad catalana –ley de consultas- que convocará hacia finales del mes de septiembre y que presentará con una mezcla de victimismo, por la intransigencia del Gobierno central ante el deseo democrático de votar de los catalanes, y de su obligación de dar cumplimiento de la legalidad constitucional como primer representante del Estado en Cataluña. Pero en la misma medida que Mas trata de que baje el suflé por el referéndum, Oriol Junqueras atiza el fuego para que no se rompa el consenso de las fuerzas independentistas para votar el 9-N.
A nadie se le escapa que el ‘plan B’ de Artur Mas es la celebración de elecciones plebiscitarias y ahí es donde ha comenzado a plantear sus nuevas ofertas a ERC, que se encuentra muy cómoda en la situación actual, no solo porque niega la existencia de ninguna otra posibilidad que no sea sacar las urnas a la calle, sino porque mantiene la intriga sobre su disposición a la entrada en un gobierno para apuntalar la gestión de Artur Mas o, más allá, a participar en una lista electoral conjunta con Convergencia Democrática de Cataluña, aunque tiene muy claro cuál será su condición sine qua non para que esa coalición fructifique: la declaración unilateral de independencia por el Parlament, que supondría un desafío no menos inconstitucional ni ilegal que está por ver que Artur Mas fuera capaz de desactivar.
Por tanto, a pesar de las persistentes declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, acerca de la inexistencia de cualquier alternativa que no sea la de votar el 9-N, y de sus amenazas cada vez menos veladas a Artur Mas, a quien solo le garantizará su apoyo si se vota ese día, las aguas internas de la política catalana se mueven ya en otra dirección, en la de preparar el escenario posterior al 9-N. En ese momento todos los actores de la política catalana volverán a jugar sus cartas. Los socialistas están dispuestos a ayudar -y a ayudarse- si Mas recupera una posición más centrada y cambia independentismo por federalismo; y Duran Lleida es de esperar que por fin dé un paso que sirva para determinar con claridad cuál es el papel que está dispuesto a interpretar.
Pero por parte del Gobierno, que también niega la existencia de un ‘plan B’ es necesario que se den pasos que sirvan para favorecer las posiciones de los contrarios a la independencia e introducir alguna duda en sus partidarios. Algún movimiento de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, comisionada en su día para tender puentes con Cataluña serviría para reforzar las posiciones de quienes quieren superar la situación actual.
