El primer gran golpe a la propiedad privada en muchas décadas lo acabamos de sufrir en el archipiélago balear, donde el gobierno de izquierdas presidido por la socialista Francina Armengol acaba de expropiar cincuenta y seis viviendas. Hay que remontarse al expolio del grupo de empresas de José María Ruiz-Mateos (que ocurrió el otro 23-F, el de 1983), para encontrar un ataque directo tan grave a los derechos de propiedad en nuestro país.
A la izquierda radical no le gusta la propiedad privada, porque es el ámbito obvio en el que se desarrolla nuestra libertad. Desde el propio cuerpo hasta los pisos heredados y desde los comprados con ahorro, talento y paciencia hasta el capital grande o pequeño de cada persona, toda esa propiedad confiere a su dueño opciones. Si la libertad se define habitualmente como "ausencia de coerción", la propiedad es el mayor eliminador de la coerción, y sobre todo de la estatal. Las sociedades avanzadas deben aspirar a que todo el mundo tenga propiedad, tanta como sea posible y sin injerencias. Francina Armengol y los izquierdistas radicales que se enseñorean hoy del Partido Socialista, junto a sus socios más radicales aún, odian esa propiedad que entorpece su ingeniería social, su paciente moldeado de la sociedad conforme a sus caprichos y delirios ideológicos. La propiedad es la primera línea de defensa contra la tiranía de cualquier sóviet. Recordemos que la palabra rusa sóviet significaba originalmente "asamblea" pero, durante siete décadas de comunismo, terminó por significar "comité". En mallorquín, "sóviet" seguramente significa "gobierno confiscador presidido por Francina Armengol".
Al grito chavista de "exprópiese", un gobierno balear despótico se ha hecho con cincuenta y seis viviendas que no son suyas, que tenían dueños. Para paliar la indignación de la poca ciudadanía despierta que aún nos queda, "sólo" han expropiado a lo que llaman "grandes" tenedores de viviendas, porque en el imaginario popular inducido por los colectivistas, el robo a un "grande" es menos robo. Además han introducido temporalidad y demás argumentos para tratar de dulcificar el expolio, pero lo cierto es que la expropiación es forzosa y la indeminzación está en torno a la mitad del precio de mercado. ¿Por qué se ha andado el Govern con tantas precauciones al expropiar? Porque es la primera vez. A este expolio sucederán otros en toda España. Se empieza por los "grandes" y se llegará al pobre anciano que completa su magra pensión con el alquiler de un piso que compró durante una vida laboral de esfuerzo. Se empieza pagando una indemnización injustísima pero se llegará a no dar compensación alguna a las víctimas del expolio. Se empieza trasladando muy pocas propiedades del ámbito privado al estatal, pero se llegará a generalizar la propiedad estatal de las viviendas. La izquierda no quiere propietarios privados, y sí quiere que todos seamos inquilinos… suyos.
El Estado-casero es uno de los sueños húmedos de la izquierda española. No hay que echar mano de la imaginación para saber a qué conduce, basta con mirar la historia, por ejemplo la de Europa Oriental. Los feos bloques de hormigón gris, generalmente de pésima calidad, son aún hoy el paisaje urbano generalizado en las grandes ciudades que estuvieron al lado equivocado del Telón de Acero. Allí, el Estado decidía cuántos metros cuadrados debía tener cada familia, premiando a quienes hacían carrera en el partido único y castigando a los díscolos. En Rumanía, Nicolae Ceausescu estuvo a punto de suprimir las cocinas y mandar a toda la población a desayunar, almorzar y cenar en grandes comedores públicos una dieta científica y socialista. El Estado, que es un pésimo empresario en todos los sectores en los que se entromete, lo es también en el inmobiliario.
Espero que la Justicia detenga esta auténtica aberración, porque de lo contrario habremos abierto una caja de Pandora cuyas consecuencias a largo plazo ni siquiera podemos atisbar. Y, mientras se roba pisos a los empresarios mallorquines, la alcaldesa de Barcelona y otros correligionarios suyos permiten, cuando no alientan, la ocupación ilegal de viviendas. Y el Gobierno debate un control generalizado del precio de alquiler. Qué idea tan atroz. Poner un tope a los alquileres es la típica medida izquierdista que parece favorecer a los más vulnerables pero en realidad les perjudica. Detrae oferta porque a muchos propietarios ya no les sale a cuenta alquilar. Genera mercado negro con peores condiciones para inquilinos y propietarios. Concentra la oferta porque muchos pequeños arrendadores se ven obligados a vender. Todo lo anterior empuja al alza los precios efectivos a medio y largo plazo. Genera también listas de espera como se ha visto en varias ciudades europeas. Empuja a la baja el valor de los inmuebles perjudicando a infinidad de empresas y fondos de inversión donde tienen sus ahorros millones de pequeños inversores. Y aleja la vivienda de los centros urbanos, cada vez más, ya que infinidad de pisos se alquilarán como oficinas o consultas para no someterse a las rígidas normas y al control de precios que afectan a la vivienda. Todo control de precios encarece el bien intervenido, y los alquileres no son diferentes. Toda intromisión estatal en la economía impide la generación y el consiguiente esparcimiento de riqueza. Pero da un inmenso poder a los políticos, en este caso al sóviet balear de Francina Armengol.
