En medio de la crisis del sistema financiero capitalista mundial -aunque se insista en la salud relativa de la estructura bancaria de nuestro país, en la que creo sinceramente-, va revistiendo paulatinamente el aspecto de una depresión de gran envergadura. Como consecuencia de ello, son cada vez más profundos los cortes de los presupuestos nacionales a medida que los gobiernos intensifican sus esfuerzos por limitar, como corresponde, la inflación y estimular el crecimiento y la productividad.
En realidad, las reducciones tienen por objeto ante todo conseguir un equilibrio presupuestario. Por esta razón, y no por otra, las medidas y los programas sociales ofrecen una meta tentadora y casi irresistible para la derecha conservadora: se pueden eliminar por considerarse que son un lujo. Y esto no es cierto.
Aunque el progreso social sea un objetivo valioso en sí que no precisa justificación en términos de productividad económica, un poco de reflexión muestra que en lugar de ser una forma de consumo puro, que puede eliminarse fácilmente en periodos de dificultades económicas, muchas medidas o políticas sociales constituyen fuentes de beneficios económicos directos o indirectos. Debe considerarse, pues, que la eliminación del potencial contributivo inhiere a los programas sociales a favor de ahorros más inmediatos y tangibles, mediante cortes arbitrarios en el presupuesto, sería a no dudarlo una medida de carácter momentáneo que resultaría nefasta a largo plazo.
Por otra parte, se reconoce cada vez más que la distinción tradicional entre las medidas económicas y las medidas sociales es sobre todo artificial y que unas y otras son de hecho factores complementarios más bien que opuestos.
Si bien es difícil precisar y medir la contribución de los programas sociales -en realidad, la elaboración de métodos para conseguirlo está en sus comienzos-, hay tres niveles en que claramente pueden ayudar la economía de un país.
El primero de ellos es el clima del desarrollo. La paz social es esencial para el crecimiento económico, y las naciones sólo pueden desarrollarse en un clima de estabilidad y de seguridad. La inestabilidad es costosa. Conduce al desorden, a la represión y a la coerción, y puede menoscabar la iniciativa de los empresarios y desalentar las inversiones. Además del costo material de la represión y otras categorías de gastos improductivos, conviene añadir siempre el costo psicológico de la coerción, precisamente.
Por esta razón, todo esfuerzo encaminado a lograr la participación de las ciudadanías, habida cuenta de sus preferencias y de sus motivaciones, puede contribuir a crear un medio favorable para el desarrollo, en su caso.
El segundo nivel en que medidas sociales pueden aportar una contribución evidente a la economía es, desde luego, el de la prevención. Cuando se aplican en forma sistemática y racional, los programas de prevención social contribuyen, quiérase o no, a eliminar gastos que son más importantes que los que estos programas entrañan.
Por ejemplo, según una estimación reciente, el costo global medio de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales en el planeta Tierra industrializado representa un 4% del producto nacional bruto. Las medidas de prevención que disminuyen el número de accidentes y de riesgos profesionales, reducirán las pérdidas correspondientes.
Y en el tercer nivel de la contribución de las medidas sociales, un buen sistema de relaciones laborales que puede, y debe, sustituir de manera económicamente rentable los enfrentamientos entre empleadores y trabajadores, que entrañan pérdidas para la producción e incluso una posible destrucción del instrumento de producción.
En resumen, y para concluir, los esfuerzos realizados por alcanzar objetivos sociales pueden ser provechosos porque ofrecen la posibilidad de influir directa y positivamente en la tasa de crecimiento económico y de contribuir a resolver dificultades económicas inmediatas.