Artur Mas ha enviado una circular a la dirección de los Mossos d’Esquadra en la que les advierte de que el próximo día 9 de noviembre todos los agentes deben estar en sus puestos de trabajo y se suspenden los permisos para que la policía autonómica preste el servicio correspondiente durante la celebración del referéndum unilateralmente convocado por el Gobierno catalán para decidir sobre la independencia.
Cualquier ausencia deberá acompañarse de certificado médico y quien no cumpla se enfrentará a un expediente. En definitiva, Mas ha movilizado a sus policías para colaborar en un acto manifiestamente ilegal y los agentes y sus mandos habrán de enfrentarse a una situación tan compleja como delicada que sumirá la institución en la duda, si bien necesario sería explicar antes de que alguien pudiera tomar partido que los Mossos d’Esquadra constituyen una fuerza policial dependiente del Estado cuyo ámbito de servicio es el territorio catalán. Es un argumento palmario pero que guarda en si una notable trascendencia y que aclara por tanto quién tiene la última potestad sobre la institución, a quién le debe ella obediencia y cuáles son sus deberes fundamentales.
Artur Mas –que ha resuelto conducir su delirio hasta las últimas consecuencias- desea usar la policía catalana como un ejército propio pero justo es reconocer también que los Mossos d’Esquadra han procurado mantenerse al margen de estos desvaríos, han procurado anteponer a cualquier cosa su deber de servicio al ciudadano, y han tratado de resistirse en la medida de sus posibilidades al constante intento de manipulación a la que tratan de someterlos sus representantes políticos.
Es un cuerpo de policía que, al contrario de lo que ocurre con el gallego por ejemplo, asume todas las competencias, y del mismo modo que se desempeña como policía judicial, también corre a su cargo el mantenimiento del orden público. La vigilancia y control de la red de carreteras en Cataluña por ejemplo, no es competencia de la Guardia Civil sino de los Mossos, algo similar a lo que ocurre en el País Vasco.
El dilema está por tanto servido pues no parece razonable que un cuerpo de policía estatal se vea obligado a colaborar con una ilegalidad y por tanto nadie en su sano juicio debería obligar a los policías catalanes a participar en un delito. Pero Mas está ya rebasado por si mismo así que cualquier cosa vale.
