Vaya la que se ha montado con el asunto de las mascarillas. Hay que reconocer que por culpa del coronavirus, el Gobierno al final no ha sabido encajar la adjudicación de estas mascarillas quirúrgicas, dado que nunca quedó claro a quién le correspondía el reparto y, después, el coste de las mismas. El caso es que, al final, se acabó haciendo negocio con las mismas y de ahí hasta el último acontecimiento con el “caso Koldo”, en el que ha quedado afectado el exministro José Luis Ábalos.
La cuestión es que cada vez siguen apareciendo nuevas averiguaciones a medida que la Guardia Civil aporta más denuncias. Pero el caso es que no solamente está implicado el famoso Koldo, sino que además surgen otros y además se citan nombres de ministros o de la propia presidenta del Congreso, Francina Armengol, que en aquel momento era presidenta del Govern balear, quien se hizo cargo de otro lote de mascarillas por 3,7 millones de euros al contratar material que estaba defectuoso a la empresa investigada en el “caso Koldo”. La cuestión es que la presidenta había ocultado que las mascarillas incumplían los requisitos, sin embargo, admitió que “pagó los 3,7 millones por las mascarillas ‘fake’ independientemente del resultado de los análisis”, al margen de sobre su calidad o si se atenían o no a la normativa sanitaria vigente. También la Fiscalía europea está investigando estos contratos.
Y algo parecido aconteció en Canarias, donde la Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella contra cuatro empresarios “por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario al Gobierno canario durante la pandemia por un importe de 22,9 millones de euros”. Al parecer, dichos empresarios se habrían quedado “presuntamente con entre 9 y 10 millones”. Ahora, la Fiscalía europea investiga los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud mientras era presidente de la Comunidad Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Afortunadamente aún le queda memoria…
El caso es que este asunto cada vez aumenta sus dimensiones y el Gobierno intenta apagar cuantos fuegos le van surgiendo, donde gravitan los nombres de varios ministros e incluso la esposa del presidente, María Begoña Gómez Fernández, pues le ofrecieron dos oportunidades de negocio que coincidieron con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera que en aquel momentos dirigía José Luis Ábalos. Rápidamente, la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, estuvo rauda y veloz para rechazar toda vinculación de la esposa del presidente con el “caso Koldo” y ha exigido “dejar a los familiares fuera de la pugna política. No todo vale”.
De momento, seguirán apareciendo más casos relacionados con este “affaire”. La oposición por un lado, y el Gobierno por otro, tienen por delante un montón de temas para debatir, mientras se acumulan las investigaciones de la Guardia Civil -menos mal que nos queda la Benemérita- y la Fiscalía Anticorrupción.