Un periódico de amplia tirada alertaba hace poco del peligro que corre la ejecución de las indemnizaciones declaradas por el Tribunal Supremo en el caso del Prestige -condenada su aseguradora, a finales de 2018, a pagar más de 1.500 millones de euros-, por la disparatada negativa de nuestro Gobierno central a abonar su deuda con varias empresas extranjeras, derivada de diversos arbitrajes sobre energías renovables.
Ya en 2004, entre los resultados de un proyecto de investigación nacional que codirigí en relación con ese asunto, advertía sobre las dificultades para ejecutar condenas de este tipo en circunstancias normales. Mucho peor cuando es el propio ejecutante -el Gobierno español- quien se dedica a poner palos en su misma rueda; por lo que no puede sorprender su actitud ante un nuevo accidente que afecta al litoral gallego.
Pero, entre el accidente del Prestige y el del Toconao (causante de la reciente caída al mar de un contenedor cargado de pélets que han alcanzado nuestra costa), pese a las similitudes, hay notables diferencias; empezando por el distinto tipo de carga y de daño ecológico. Y también porque, en el caso del Prestige, se tomaron ciertas decisiones técnico-políticas que pudieron incidir en la dimensión de la catástrofe, lo que ahora no ha sucedido.
En realidad, el problema aquí es, precisamente, la falta de decisiones por parte del Gobierno del Estado y no así de la Xunta de Galicia como algunos pretenden; pues la normativa española (el RD 1695/2012, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina) dispone que el Gobierno central active sendos Planes Nacionales de protección en estos supuestos, algo que aún no se ha hecho.
Cuando se produce un accidente de esta clase -y que es, por cierto, responsabilidad del capitán del buque- el Plan Nacional Marítimo (de ámbito estatal y que se activa por la autoridad marítima) establece los protocolos para la protección del agua y el Plan Ribera hace lo propio respecto de la costa, activándolo el Ministerio con competencias. Existe, además, en relación con el litoral, un plan autonómico, el único que está en marcha ahora mismo.
Finalmente, y como es obvio, por otra parte, la limpieza de las playas compete a los municipios donde éstas se ubiquen; aunque, pese a ello, la Xunta de Galicia está llevando a cabo diversas tareas de apoyo y de coordinación de trabajos en los arenales que se han visto afectados. En suma, la actuación del Gobierno autonómico contrasta con la total ausencia y desinterés del Gobierno central para afrontar este problema, siendo quien debe hacerlo.
Causa pasmo, por ello, oír algunas declaraciones críticas con el Gobierno gallego procedentes de quienes apoyan al Ejecutivo nacional; porque, o bien ignoran los protocolos a seguir (lo que ya es grave por sí mismo), o bien los conocen, pero deciden hacer demagogia en asunto tan delicado y de tan infausto recuerdo para los gallegos, en general, y los residentes en nuestra costa en particular (lo que es incluso peor).
Parece ser además que, por desgracia, los pélets afectan no solo a la costa gallega, sino que alcanzan ya los litorales asturiano y cántabro. Quizás habrá que esperar a que lleguen hasta las playas vascas, para que los socios del Gobierno central allí le obliguen a actuar, porque los de aquí no parecen gozar de mucha influencia. Quién iba a decir que el juego político acabaría siendo más sucio que el propio vertido.
