Se habla de “lawfare” cuando se arroja una sospecha sobre la imparcialidad de jueces que conocen de asuntos con cierto contenido político, afeándoles una intromisión indeseable o un celo excesivo. Llevado al extremo, se puede llegar a acusarles de prevaricación que, en general, supone adoptar decisiones arbitrarias o injustas a sabiendas, mientras que la judicial requiere que esa decisión sea una resolución o una sentencia.
La idea del “lawfare” procede del mundo anglosajón, donde ha sido empleada, por ejemplo, para justificar la negativa de los Estados Unidos a participar en foros judiciales internacionales relacionados, en especial, con el enjuiciamiento de crímenes de guerra o contra los derechos humanos. También es frecuente que políticos de todo el espectro aludan a ella cuando son llevados ante la Justicia, de Trump a Berlusconi pasando por Cristina Kirchner.
Hay quien duda que la proposición de ley de amnistía -recién presentada ante la Mesa del Congreso- incluya referencias al “lawfare”, por no mencionarlo en su articulado. Nada más lejos de la realidad: está en la base de todo el texto, a lo que se llega a través del formato elegido, una ley singular, pensada -como todas las de su tipo- para resolver problemas no remediables por los cauces legislativos o administrativos ordinarios.
El propio recurso a las leyes singulares ya es dudoso por sí mismo, en tanto que, como sabe la mayoría, uno de los caracteres básicos de la ley es su generalidad. Para solucionar supuestos concretos están precisamente los juzgados y tribunales (o, en su caso, la propia Administración); tal y como está sucediendo, por ejemplo, en la situación generada por el denominado “procés”, que sirve de fundamento a la propuesta de amnistía.
Ahora bien, parece ser que el asunto en cuestión no puede resolverse de manera satisfactoria en vía judicial. Al menos, así lo ha venido repitiendo hasta la saciedad el partido socialista, señalando que “es un error sacar del ámbito de la política los conflictos políticos”. De ahí que prefieran resolverlo mediante una ley singular, obviando la derivada que condujo la situación hasta las instancias judiciales, al haberse cometido diversos delitos.
El proceso penal tiene una finalidad muy simple: o los delitos se han cometido y así se prueba, en cuyo caso los jueces condenarán; o no se prueba su comisión, en cuyo caso los jueces absolverán. Es más, un juez que no actuase de alguna de estas dos formas estaría prevaricando. Por ello, insinuar que, en el marco de este guion, uno o varios jueces puedan “errar”, coincide exactamente con la descripción del “lawfare”.
Pues bien, tal es el espíritu que preside la ley de amnistía, concebida, para sus promotores, como solución al “error” de juzgar a las personas encausadas por el “procés”; dado que, para evitar que esa solución parezca arbitraria y neutralizar el riesgo de incurrir ellos mismos en prevaricación, la ley de amnistía solo tiene un camino: hacer recaer dicho “error” en el Poder Judicial; lo que supone partir de que en España existe “lawfare”.
Para mayor inri, varios medios sostienen que tamaño atropello a la independencia de uno de los tres poderes de nuestro Estado de Derecho podría haber sido auxiliado por el presidente del Tribunal Constitucional, lo que parece increíble, dada la magnitud que alcanzaría semejante escándalo, de ser cierto; aunque sería buena muestra de que la injerencia de la justicia en política no siempre genera idéntico rechazo.
